Detuvieron A Un Narco Vinculado Al PJ Salteño
DELFÍN CASTEDO, UN PROTEGIDO POLÍTICO (Y UN CRIMINAL)
La noticia podría parecer menor: un narcotraficante salteño que era buscado desde hace ocho años por homicidio, comercio de estupefacientes —entre otros delitos—, fue detenido esta tarde en la localidad bonaerense de Parque Leloir por Gendarmería Nacional.
22/07/2016 | Investigación
Se trata de Reynaldo Delfín Castedo, apresado a bordo de una camioneta Toyota Hilux cuando circulaba por esa localidad del partido de Ituzaingó, en el oeste del conurbano. El hombre está acusado de ser el autor intelectual del crimen de Liliana Ledesma, asesinada el 21 de septiembre de 2006 en Salvador Mazza por resistirse junto a otros pequeños productores a ser desalojados de los caminos vecinales por donde se traficaban toneladas de cocaína.
Quien escribe estas líneas, investigó —y desnudó— la trama hace diez años en este mismo portal a través de una nota que no careció de detalles escabrosos. Entre otras cosas, este periodista reveló que Ledesma también era informante de algunas fuerzas de seguridad en temas de narcotráfico. El artículo referido produjo un verdadero tembladeral político en Salta y provocó algunas reacciones en cadena: desde la renuncia de un diputado llamado Ernesto Aparicio hasta el enroque de media docena de funcionarios de esa provincia por parte del entonces gobernador Juan Carlos Romero.
De a poco, los medios de comunicación —nacionales y extranjeros— fueron sumándose a la denuncia de lo sucedido y apareció en el candelero la figura de Castedo y su hermano, también acusado de ser instigador del homicidio de la informante Ledesma. En este marco, Romero intensificó en esos días su estrategia para despegarse del escándalo: luego de soltarle la mano al diputado (y presumiblemente narco) Ernesto Aparicio, lo eyectó de su cargo al ex intendente de Salvador Mazza, Francisco Ibáñez a través de la resolución 069/06.
Drogas y poder
La idea de que Salta es una de las provincias donde el poder político está vinculado por excelencia a la venta de drogas no es antojadiza. Hay un largo historial de hechos acaecidos en los últimos años que dan cuenta de ello. Primeramente, hay que tener en cuenta que es una provincia ubicada de manera estratégica para ingresar narcóticos al país, lo cual fue aprovechado históricamente por grandes barones de la droga utilizando como reaseguro el financiamiento a ciertos gobernantes y políticos salteños de turno.
El primer indicio fuerte se dio a mediados de los años 80, cuando se estrelló un avión perteneciente al entonces gobernador de Salta, Roberto Romero —padre del ex mandatario provincial—, en la zona de San Antonio de los cobres con 200 kg de cocaína. Todas las miradas se dirigieron al mandatario, quien jamás pudo quitarse el mote de "narco", ni siquiera después de fallecer en un sospechoso accidente. Los días de gloria de Romero coincidieron con el período en que nuestro país pasaba a ser "productor" de narcóticos y dejaba de ser lugar de "tránsito".
Fueron los días en los que se hicieron fuertes los grandes capos del tráfico de estupefacientes como los hermanos Castedo, quienes comenzaron a "bancar" algunas campañas políticas a cambio de poder moverse con tranquilidad en su negocio. "Tanto la candidatura de Ernesto Aparicio como la de (el exintendente de Salvador Mazza) Francisco 'Pancho' Ibañez fueron financiadas por los narcos, aunque este último ahora haya tomado distancia del clan de Castedo (...) Otra de las personas vinculadas a ellos es el ex diputado salteño Juan Carlos Outes, quien más de una vez se reunió en Salta con Aparicio y Castedo.
Te cuento ahora esto porque la causa ya está ventilada, es más, creo que ya no se podrá arribar a nada", confesó un investigador salteño a este periodista con gran escepticismo en 2006. Horas antes, otro informante había aportado su cuota de certeza: "Aparicio siempre fue pichón del PJ en Salvador Mazza y no se descarta que haya solventado alguna campaña al poder, no te olvides que cuando agarraron al comisario (Jorge) Montoya con 50 kilos en Tartgal, se bajaron de la candidatura (Juan Carlos) Romero y (Carlos) Menem. También cayeron otros 50 kg en manos de un funcionario judicial de tartagal y ex concejal (Luis) Nezis.
Un refrán criollo que dice cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, de la noche a la mañana Aparicio, auspiciado por Castedo, fue asesor del gobernador de Salta (Romero)." ¿Casualidad? Pareciera que no. Sobre todo si recordamos que Romero (padre e hijo) aparecen desde hace años en los archivos de la DEA norteamericana por sus vínculos con el mundo de las drogas.
En el mismo sentido, a fines de los años 70, apareció el nombre de Romero padre vinculado al mundo de los narcóticos en la página 103 del libro Mamá Coca del periodista Anthony Henman: "(…) Es, no obstante, de la vecina Argentina de donde han provenido las más asombrosas revelaciones de implicaciones a alto nivel en el negocio de la cocaína, indudablemente, no con respecto a los actuales gobernantes militares, altamente paranoicos y ultra reservados, sino con relación a personajes que predominaron en el último periodo de la presidencia de Isabel Perón.
La historia fue revelada por el servicio de informaciones del ejército en las vísperas del golpe de 1976 e incluía a una serie de prominentes figuras del ala derechista del movimiento peronista, entre los que figuraban el ignominioso Ministro de Bienestar Social, López Rega; el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Vignes, y una corte de figuras secundarias como el Ministro Raúl Lastiri, el senador Cornejo Linares, el director del diario 'El Tribuno', Roberto Romero (...)
Operando una serie de bien equipados laboratorios de cocaína cerca de Salta, en la frontera con Bolivia, estas figuras controlaban una red de gran alcance que utilizaba la Policía Federal para la distribución interna en el país y la cobertura del servicio diplomático para la consolidación de una ruta segura para las exportaciones."
Demasiadas coincidencias. Desarmadero salteño
En los últimos años, al tiempo que el narcotráfico se ha ido incrementando en la provincia de Salta (y, por qué no, en el país) se han ido desarticulando los controles de las fuerzas de seguridad y se ha separado de su cargo a aquellos que han demostrado sobradamente tener intención de acabar con el flagelo de los narcóticos. Uno de ello es el comandante de Gendarmería Eduardo Aníbal Maiztegui, quien fue separado de la fuerza luego de haber desempeñado un destacado trabajo de investigación en las célebres operaciones "Carbón Blanco" I y II.
Lo mismo le sucedió al comandante Jorge Horacio Jalley, jefe de la Region III en Córdoba. "Ambos hombres estaban para ser directores de la fuerza, pero alguna influencia del poder motivó su alejamiento, creo que le han pagado muy mal a esos hombres. A la persona que dirigió las investigaciones también lo sacaron de escena. Lo enviaron a uno de los países de América Latina donde se fabrican toneladas de cocaína por día", confesó una de las fuentes consultadas por este medio en consonancia con media docena de testimonios recabados para el presente artículo.
Otro de los informantes fue más directo: "Yo estaba investigando a Castedo y me sacaron de circulación sistemáticamente", aseguró a este periodista.
A pesar de la protección del exgobernador Romero, los Castedo siempre han mantenido perfil bajo, pero una investigación italiana los puso en el máximo nivel de exposición. Se trata de un artículo publicado por el diario romano Il Giornale, sobre una red de tráfico internacional desbaratada hace pocas semanas en Europa. Allí se dan detalles del envío de cocaína desde nuestro país hacia el viejo mundo a través de una organización denominada "el cartel de los Losano".
Quien aparentemente recibía la droga era un tal Morgan Marco Ulivieri, hijo de una condesa italiana. "El propietario del cartel es la familia Losano, que gestiona sus actividades comerciales como el holding Losano Corporation (...) Se utilizaba la red comercial del carbón vegetal para el tráfico desde Sudamérica. El jefe oculto de la droga es Reinaldo Delfín Castedo, quien pasaba los fines de semana en Milán con Ulivieri", señala la nota. La pata argentina de la cuestión ya fue extensamente revelada por este periódico a través de tres artículos donde abundan datos y nombres concretos. A lo ya publicado habría que agregar lo comentado por un investigador que se encuentra en Salta desde hace varios años investigando a Castedo y su gente.
"Te comento que el testaferro de Delfín Castedo, Alberto Yudi, juntamente con Ajaloni, están comprando tierras en lado boliviano, sobre el Río Itaú y Tarija para formar su area protegida tal como Ipaguazú, que le costó la vida a Liliana Ledesma, entre otras personas. Ajaloni tiene una panadería en calle San Martín en el mismo edificio donde funciona el supermercado San Jorge, sucursal Tartagal de Alberto Yudi, atendido por su mujer llamada Blanca Aguilera. A las cuentas de estas personas ingresa el dinero de la droga de Castedo y Aparicio", aseguró el privilegiado informante.
En el contexto de los bolsos, la droga y los vínculos de los narcos con la política kirchnerista, no hay nada que deba sorprender.
Fuente : Periódico Tribuna
Fecha : 22/07/2016
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Las vinculaciones políticas, judiciales y de la Policía del clan Castedo
Revelaciones de la acusación fiscal en juicio por narcotráfico
El primer jefe fue el ex diputado Ernesto Aparicio, a cuya muerte lo sucedió Delfín Castedo. El clan presionaba a un fiscal con sus contactos en la Procuración General y en la Corte de Justicia de Salta y pagó coimas a un comisario y al ex juez federal Raúl Reynoso.
El juicio se hace de manera mixta, parte presencial, parte virtual.
La primera jornada del juicio oral y público que en el Tribunal en lo Federal Criminal 1 de Salta se sigue contra siete hombres acusados de integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos expuso variada información sobre los contactos del clan en mundo de la política provincial, la Justicia y el Ministerio Público Fiscal de Salta, el ex juez federal de Orán y hasta un comisario que cumplía funciones en el extremo norte de la provincia.
También ratificó que para llevar a cabo estas principales actividades la banda cometió otros delitos, como falsificación de documentos, infracción a la ley de fronteras, portación de armas, amenazas y hasta homicidios. Entre las revelaciones, se supo que presionaban al fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, para que ejecutara un desalojo, o de lo contrario iban a iniciarle un jury de enjuiciamiento para destituirlo valiéndose de sus contactos con Abel Cornejo y otros miembros de la Corte de Justicia. Cornejo integró el máximo tribunal provincial y luego fue procurador general de la provincia hasta esta semana, en la que asumió en el Ministerio de Seguridad de Salta.
Delfín Reynaldo Castedo, su hermano Raúl Amadeo "Hula" Castedo, su ex pareja Melba del Carmen Araujo, los hermanos Alberto Yudi y Luis Yudi y Mario Alberto Yudi, hijo del primero, y el martillero público Eduardo Torino están siendo juzgados como integrantes de esta asociación ilícita que operó en Salta y Buenos al menos desde el 26 de noviembre de 1999.
Delfín Castedo está acusado de ser el jefe de la asociación. "Esta organización fue integrada en sus orígenes por Ernesto José Aparicio, quien fue el jefe hasta el día de su deceso ocurrido el 10 de noviembre de 2013, luego de lo cual pasó a ser liderada por Delfín Reynaldo Castedo", reseña el requerimiento de elevación a juicio, del que el fiscal general Carlos Amad y la auxiliar Mariana Gamba Cremaschi presentaron un resumen para el debate.
El vínculo de esta banda con la política a través de Aparicio, que entonces era diputado provincial, fue público desde 2006, cuando lo denunciaron Liliana Ledesma y Sergio Rojas, integrantes de una asociación de pequeños productores de la zona de la frontera. Pero hasta ahora no estaba clara la sucesión en la jefatura. Ledesma fue asesinada el 21 de septiembre de 2006 en un hecho por cuya autoría intelectual están procesados Delfín y Raúl Castedo.
Para la Fiscalía, este crimen "no era un caso aislado", sino parte de una forma de actuar, que se evidenció también en conflictos territoriales en las fincas El Pajeal, que era de propiedad de Aparicio pero en la que Delfín Castedo se manejaba como dueño, y El Aybal, de propiedad de este último, que colindan entre sí y están en la zona de frontera con Bolivia. La organización criminal "las utilizaba como una verdadera 'aduana privada' para la comisión de maniobras de tráfico de estupefacientes, actividad que incluso se verificó luego de la detención de su líder", en julio de 2016.
Liliana Ledesma denunciaba también que Aparicio había mandado matar a su marido, el ciudadano boliviano Gilberto Villagómez, que tenía antecedentes por narcotráfico.
Los Yudi están acusados en calidad de miembros de la asociación ilícita, igual que Hula Castedo, "mano derecha" de su hermano. A Torino y Araujo la Fiscalía les atribuye haber realizado sobre todo acciones de lavado de activos, y en el caso de la mujer, participó de al menos un traslado de cocaína, 180 kilos en este caso.
Jurys, y yapas
Las otras revelaciones de la acusación fiscal provienen de las escuchas telefónicas y "tareas de campo" en la investigación, sobre todo en el análisis de las comunicaciones entre Delfín Castedo y Torino.
La Fiscalía sostuvo que en la administración de la finca El Aybal, Torino "realizaba actos de apariencia legal" como impulsar demandas judiciales o denuncias contra los ocupantes de ese territorio; así como la contratación de personal para hacer trabajos en el campo. Y también reallizaba otros actos "de carácter ilegal" como el pago de sobornos a un comisario de apellido González y "presiones indebidas y/o amenazas a personal judicial provincial", y el posible uso de fondos espurios para estas acciones y para la administración de la finca, "así como el pago de honorarios o gastos de abogados que actuaron en el expediente de reivindicación contra Pilar Rojas (siendo estos María Cecilia Cruz y Alberto Raymundo Sosa, al menos entre el 2010 al 2016)".
Las conversaciones entre el capo narco y el martillero público referidas al desalojo de Pilar Rojas (padre de Sergio Rojas) aportan datos de interés. En una Torino contó del enojo del fiscal Cazón, que intervenía en una denuncia contra el pequeño productor ganadero. “Está Cazón hoy día de nuevo, ya han hablado recién, cagado de odio Cazón porque nosotros hemos ido a la Procuración ayer”, detalló, además le avisó a Castedo que González “tiene que hacer un informe para que Cazón le dé la orden para ir a sacarlo al viejo, así que esa es la idea, así que estamos a la espera, estamos movimiento todas las influencias habidas y por haber”. Castedo le preguntó si había hablado con Cazón, y el martillero respondió que lo había hecho la abogada.
Torino también le informó que el comisario “me ha pidió que si lo podemos yapar”, Y Castedo: “no hay problema, pero decile que le ponga ganas”.
Por otro lado, Torino estaba en contacto con el encargado de El Pajeal, Ricardo Erva. En otra escucha, el abogado Raymundo Sosa le dijo a Torino que necesitaba hablar con Delfín Castedo y le preguntó si había alguna manera de que “vos le mandés un mensaje diciéndole que yo necesito que me llamen”. Torino respondió que se podía hacer, a través de Erva. La Fiscalía destacó que esa conversación se mantuvo cuando Castedo estaba prófugo. Luego Torino se comunicó con Castedo y le informó de esa conversación con Sosa, "ahí el cabeza blanca necesita, dice, que lo hables sí o sí hoy día”, y le comentó que ambos abogados le dijeron que "hasta que no tengan posesión de la finca mal pueden disponer de nada".
En otro llamado a Torino una persona que la investigación no pudo identificar le avisó que el fiscal Cazón le dijo que "ese mismo día está sacando la orden para presentarla en el juzgado de garantías para que al día siguiente a la mañana salga la orden de desalojo” de Rojas. Luego tomó la comunicación un tal Ricardo (se presume que es Erva) y le ordenó: “Apenas desalojen hay que sacar todas las pertenencias del viejo que estén en los ranchos... y desaparecer todo”. Después le dijo que habló con González y que "le van a 'yapar' 5 mil más... pero después de que hagan el operativo al día siguiente”.
En otra comunicación registrada en julio de 2016 Castedo le refirió a Torino que "(Riki) dice que el fiscal se hace el pícaro". Luego de comentarle los trámites que venían realizando para lograr el desalojo, Torino habló del fiscal: "medio pijotero el Cazón ese” y le anunció: “Ya va a cagar porque... vamos echar leña al fuego para el jury... ya va a ver se va a hacer el pícaro, este ya le queda poco”.
La Fiscalía sumó otra conversación, ahora entre Torino y González. El comisario le contó que Cazón le pidió "un informe de intimación para que salga más rápido la orden de desalojo, aclara que el informe es sobre que Pilar Rojas no acató desalojar el lugar”. Y tras explicar que ya la orden de desalojo fue dada por el Juzgado de Garantías interviniente, de Nelso Aramayo, Torino respondió: “ahora es el fiscal quien debe sacarlo porque se ha metido como usurpación". Y terminó ordenándole al comisario: “Decile a Cazón que no se haga el pelotudo porque yo le voy a meter una demanda acá no... él lo está apañando... así decile mirá Torino es muy amigo de Cornejo y de los amigos de la Corte y no te va a favorecer en nada tu situación... si vos lo dormís al expediente, si lo desalojás esta semana él va a pechar para que vos sigás y listo”.
Para la Fiscalía, "De los diálogos de Torino con el Comisario González surge que éste debía transmitir las presiones al fiscal Cazón, actuante en la causa penal de desalojo contra Rojas, para que hiciera lo que le pedían (los de la asociación ilícita) o si no éstos activarían la influencia que tenían sobre la cabeza del sistema de justicia local (al referir a “Cornejo” y “los amigos de la Corte”), para luego informarle a Castedo, que la demora ocasionada por Cazón, “le costará un jury”.
La Fiscalía también recordó que Castedo habría sobornado al ex juez federal Raúl Reynoso para que lo hiciera figurar como prestando una declaración indagatoria y luego otorogarle la exención de prisión.
Información privilegiada
El primero de julio de 2016, mes y año en que iba a ser detenido, Delfín Castedo se comunicó con Torino para advertirle que se había enterado de la existencia de una investigación para determinar quién era el dueño de El Aybal, y que el comisario González tenía el teléfono intervenido. Torino respondió confirmando que ya sabía lo de las escuchas al “comisario, Rafael y el de Riki también”.
"De ello se puede inferir que Castedo tenía en su poder las copias de una denuncia que se habría presentado en el Juzgado Federal de Orán contra la organización ilícita, y que se las haría llegar a Torino", sostuvo la Fiscalía, y recordó "la influencia que aún hoy sigue ejerciendo esta organización criminal como para conseguir información privilegiada de la justicia federal". De hecho, en su acusación la Fiscalía puso de resalto que luego de detenido Castedo siguió dirigiendo las cuestiones de la finca, y las actividades de narcotráfico.
En otra llamada Castedo detalló a Torino que la investigación se había abierto a partir de una denuncia presentada por "el hijo de Pilar" en el Ministerio Público Federal, y terminó ordenando: “Hagan lo que hagan tiene que desalojar sí o sí”.
La Fiscalía también concluyó en que estos diálogos "permiten evidenciar que dentro de la organización criminal, Torino ocupaba una posición esencial para Castedo, no operaba como un mero gestor o simple testaferro, o intermediario, sino por el contrario, su rol estaba vinculado al manejo de las fincas, y la administración particularmente del Aybal", incluso cuando el capo narco estaba prófugo por el homicidio de Ledesma y por hechos de narcotráfico.
Torino declaró ayer. "Niego terminantemente haber participado (de una asociación ilícita) o haber cometido un acto ilícito", afirmó. Trató de explicar las escuchas telefónicas en un contexto de acciones legales, y se mostró como un hombre trabajador, aunque reconoció que se vio implicado en la venta de la finca El Aybal.
Si bien reconoció que conoce a Delfín Castedo, trató de mostrase lejos de él. Sin embargo, terminó admitiendo que debió, con ayuda de un escribano, realizar una operatoria para simular la venta, en la cual quedó como propietario real de la propiedad.
Por Elena Corvalan
4 de noviembre de 2021 - 03:31
Fuente : Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/379618-las-vinculaciones-politicas-judiciales-y-de-la-policia-del-c
Investigadora habló de los vínculos del Clan Castedo con sectores de poder
Juicio por narcotráfico: "Con el dinero se obtiene todo"
Una gendarme se refirió a la fuga de información en la investigación sobre la organización que está siendo juzgada ahora. Ratificó las amenazas a un fiscal penal de la provincia y los sobornos a un comisario.
Una gendarme retirada testificó ayer ante el Tribunal Oral en lo Federal 1 de Salta que Delfín Reynaldo Castedo dispuso que el martillero público Eduardo "Pinto" Torino fuera su testaferro en la finca El Aybal, de ubicación estratégica porque linda con el Estado Plurinacional de Bolivia. Ambos están siendo juzgados, junto a otras cinco personas, como integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de esa actividad.
La investigadora detalló que Delfín Castedo se comunicó por teléfono con Micaela Romero, descripta como una de sus personas de confianza, y le indicó que le dijera a Torino que él debía aparecer como dueño de El Aybal.
Esa conversación fue el 20 de julio de 2016, antes de la detención del sindicado capo narco, precisó la gendarme que estuvo a cargo de la transcripción de escuchas de conversaciones que Castedo mantuvo con Romero, con el mismo Torino y con Ricardo Erva, encargado de la finca El Pajeal, y quizás de El Aybal. Ambas fincas son de propiedad de Castedo y totalizan cerca de 30 mil hectáreas en la zona de frontera.
La investigadora añadió que luego Torino habló con un escribano y se acordó que iban a ir a Tartagal a firmar los papeles, aparentemente, para cumplir con las indicaciones de Castedo. Esta afirmación se complementa con los dichos de un comandante de Gendarmería que también ayer aseguró que reunieron indicios de que Torino era el testaferro de Castedo. Dijo que "Pinto" consultaba con Castedo sobre el dinero, sobre las fincas. "Tenían un vínculo distinto a las demás personas", Torino "era un hombre de confianza y se conocían hacía bastante tiempo".
Por otra parte, la gendarme retirada trajo otra vez a la sala de audiencias los vínculos que el Clan Castedo parece haber tenido, o tiene, con la política y sectores del Estado. Sostuvo que las personas cuyos teléfonos estaban intervenidos por orden judicial, sabían que eran escuchadas. Recordó que Castedo se le dijo a Torino y mencionó que también Ervas era escuchado. Y también Viviana Pascusso, que fue pareja de Castedo, le advirtió de las escuchas.
Entonces el fiscal Jorge Viltes Monier le preguntó cómo pudo obtener Castedo esta información. "El dinero", respondió la gendarme. La respuesta concisa casi sorprendió al fiscal, y como se había perdido un poco debido a que declaraba por videoconferencia, volvió a preguntar. "Con el dinero se obtiene todo. El poder", ratificó la investigadora. "Hay una fuga de información de importante", ratificó después.
En el mismo sentido pueden inscribirse los dichos de la gendarme sobre las escuchas en las que Torino intenta presionar al fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, para que desalojara a un campesino que disputaba tierras de El Aybal diciendo que tenía amistades en la Procuración General y en la Corte de Justicia de Salta para promoverle un juicio de destitución. También recordó las escuchas en las que queda claro que se soborna a un comisario de apellido González.
"Que se deshaga de todo"
La testiga también recordó que poco después de la detención de Delfín Castedo, Erva se comunicó con Romero preguntándole si había recibido un llamado. "¿Llamado de quién?", repreguntó Romero: "Vos ya sabés. Porque hay malas noticias", respondió Erva y a continuación le dijo que "arroje todos los teléfonos, que arroje los chips bien lejos. Que se deshaga de todo".
La gendarme retirada también ratificó que Delfín Castedo se comportaba como el jefe de Erva, Torino y Romero: "De lo que yo escuché, recibían órdenes y hacían lo que él decía" y "cada uno tenía su función", recordó. Castedo es el principal acusado en este proceso, dado que la fiscalía sostiene que es el jefe de esta organización.
En las conversaciones entre Torino y Erva se cuidaban de no decir el nombre de Castedo, a quien mencionaban con el apelativo "el jefe". Una vez detenido Castedo, Erva llamó a Torino: "¿Tenés el otro teléfono? Prendelo porque te van a llamar de 5 a 6", lo urgió.
Por otro lado, contó que tras la detención de Castedo, Erva estaba preocupado porque no se comunicaba con él, decía que lo amenazaban, un tal "don Ricardo", que aparentemente era un socio de Delfín Castedo y reclamaba la pérdida de una carga primero y luego, de dos.
Además, Erva se sentía desplazado por la esposa de Castedo, Melba Araujo, que también está siendo juzgada en este proceso. "Se sentía un poco mal", decía que "era como que lo estaban apartando", entonces la respuesta de su interlocutor, un tal "Ñaño", fue que al menos lo dejaran hacer "un viajecito", contó la investigadora.
Erva, junto a Ricardo Martínez Cuéllar (o Rolando Roberto Martínez Gutiérrez, que sería Ñaño) y Bernardo Alejandro Flores, fueron condenados a 6 años y 6 meses de prisión, en mayo del año pasado, por el transporte de 180 kilos de cocaína secuestrada en diciembre de 2016, en El Quebrachal, en el sur de Salta. Araujo está acusada en relación a esta carga.
La gendarme retirada que declaró ayer refirió que tras este transporte de 2016 Araujo llamó a Romero pidiendo que le dieran un poder para administrar la finca, lo que se contradice con su posición de que solo se ocupaba de sus hijas y la casa.
Sin actividades económicas
"A esa fecha Delfín Castedo no tenía actividad económica registrada", y tampoco Melba Araujo. Aseguró por otro lado una comandante de Gendarmería que en 2016 realizó un informe patrimonial sobre estas personas. "No tenían actividad declarada ninguno de los dos", ratificó.
Detalló que Araujo nunca estuvo inscripta en la Afip. En cambio, en 2006 Delfín registró la sociedad Agroservicios El Aybal, en la que era socio su hermano Raúl Amadeo "Hula" Castedo, que también está siendo juzgado en este proceso. También Torino tenía actividades declaradas. Y Erva, que no está siendo juzgado aquí, "tampoco tenía ingresos" declarados.
Otro comandante, que ayer concluyó su extensa declaración en sucesivas audiencias, dijo que en una conversación con Romero, Castedo contó que compró El Aybal, y ratificó que tras su detención, Melba Araujo "en las conversaciones pasó a tomar un rol como una especie de encargada de las fincas".
También declararon gendarmes que participaron en julio de 2016 de un allanamiento realizado a la finca El Pajeal, donde encontraron un uniforme de Gendarmería, municiones y una escopeta, y en la que confirmaron que había un camino interno que comunicaba con territorio boliviano. "Había una tranquera y el camino continuaba al otro lado en Bolivia", precisó uno; lo describió como "relativamente bueno", ancho, suficiente para que transitaran vehículos de mediano porte.
Por Elena Corvalan
31 de marzo de 2022 - 01:37
Fuente : Pagina 12
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