Qué dice el informe que complica a Rocío García, la mujer de Máximo Kirchner
La auditoría sobre el programa “Argentina Sonríe”, donde se encuentra imputada por defraudación a la administración pública, señala “irregularidades en el desempeño de las misiones y funciones ejercidas”.
Rocío García jurando como ministra de Salud de Santa Cruz. Foto David Fernández.
En 67 páginas, con duras conclusiones, la auditoría del ministerio de Salud de la Nación determinó que hubo “manejos irregulares” en el Centro Articulador de Políticas Sanitarias (CAPS) que dirigió Rocío García, a su vez señalaron que hubo un faltante de más de $ 7 millones en insumos, mecanismos “poco transparentes” en el manejo del personal del Centro conocido como “Hospital Peliche”.
Entre otros aspectos concluyentes, el documento al que accedió Clarín y que el lunes será incorporado en la causa que lleva el juez Julián Ercolini, enumera una serie de inconsistencias en la documentación administrativa con la que otorgaron los insumos, la utilización de los mismos y sobre la cesión del CAPS a la órbita de la provincia que gobierna Alicia Kirchner.
El CAPS cerrado por el ministerio de Salud de la Nación. Foto Juano Tesone.
Al momento de analizar la documentación firmada por el ex ministro Daniel Gollán, para que a través que el Centro que dependía de Nación pase a la órbita del gobierno santacruceño, detectaron “irregularidades de la tramitación del Convenio”, donde además se describen en forma detallada el equipamiento odontológico que es parte integrante del acuerdo. En función de esto, se inició de “una acción sumarial administrativa, a los efectos de deslindar las eventuales responsabilidades de un perjuicio fiscal”.
En lo que respecta a Rocío García, la auditoría que será incluida en la causa “Argentina Sonríe” donde se encuentra imputada por defraudación a la administración pública, se señaló que hubo “irregularidades en el desempeño de las misiones y funciones ejercidas”, lo que incluye también a Rolando Nervi, su mano derecha. “Se verificó la toma de atribuciones por parte del mismo no asignadas mediante la normativa de designación, lo cual implica la posesión sobre bienes que corresponden al Ministerio de Salud de la Nación. Inconsistencias en la percepción de sus haberes”, expresa el informe.
Se consignó en el informe que durante los procedimientos de auditoría que Nación realizó en el CAPS, “no se contó con la colaboración del Delegado Sanitario Federal con asiento en la Ciudad de Río Gallegos, incumpliendo con las misiones y funciones asignadas por la designación”. Al respecto, se señaló que el Delegado si bien poseía al momento de las tareas de campo, “despacho/oficina para desempeñar sus funciones", desde el año 2016 "no se le permitió utilizar el despacho destinado a tal fin en el Centro Articulador (CAPS). Actualmente las actividades las desarrolla en su domicilio particular”.
Entre otros aspectos llamativos de este cargo de “Delegado Sanitario”, el informe oficial determinó que “no se verificaron antecedentes que demuestren que el cargo fuera asignado por concurso”, incumpliendo así “lo establecido mediante Decreto Ley N° 4.143”.
El Centro Articulador rodeado de "irregularidades" según el informe de la auditoría. Foto Juano Tesone.
No fueron las únicas irregularidades detectadas: hubo “ausencia de actas de traspaso y/o documentación que deje constancia del retiro y traslado del equipamiento médico, oftalmológico y odontológico”, que se encontraban en las Unidades Sanitarias Móviles, que fueron resguardadas en un hangar de la Fuerza Aérea en el acceso a Río Gallegos. Parte del equipamiento sin embargo, fue llevada al CAPS “Dr. Fernando Peliche”, que permanece cerrado y se espera su reapertura en las próximas semanas. Pero será manejado por el Municipio de la capital santacruceña.
El equipamiento fue otro punto de fuertes críticas por parte de los auditores contables del Ministerio de Salud. Encontraron bienes y equipamiento odontológico en el Centro Articulador “que no se encontraba con el alta patrimonial bajo la Dirección Nacional de Salud Bucodental, ni bajo la órbita del Programa Unidades Sanitarias Móviles del Ministerio de Salud de la Nación, ni tampoco en los inventarios de la Provincia de Santa Cruz”. El programa demandó $ 223 millones que son objeto de una investigación por presuntos manejos irregulares.
Rocío García junto a la ex Presidenta en 2011 cuando asumió su segundo mandato. Foto Emmanuel Fernández.
Al momento de realizar el recuento del equipamiento que pertenecía la ministerio de Salud que en el marco del Convenio de Colaboración, se puso a disposición del Hospital Peliche, y que fueron adquiridos a través de la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Cruz, se detectó un faltantes que ascienden a $ 7.769.592,14, tal como ya había informado Clarín. Esto fue contabilizado cuando se efectuó el traspaso de jurisdicción del CAPS de la provincia al ámbito Nacional. No es el total del equipamiento, pero representa entre un 10 a un 15% considerado como “faltante”.
Esto también generó que al momento del traspaso del CAPS, no se logre realizar “un inventario patrimonial por parte del Centro Articuladores en lo que refiere a los insumos Oftalmológico, Médicos y Odontológicos”.
Sobre el manejo del personal, calificado como “graves irregularidades” en los procedimientos implementados para la contratación y pago del mismo, la auditoría señaló que el ministerio de Salud pagó los salarios del personal de las unidades móviles sanitarias, “que se encontraban trabajando afectados al CAPS” hasta septiembre de 2016, “en dicha fecha en forma injustificada y unilateral, fueron reunidos para informarles que ya no contaban más con sus servicios”. Eran 19 contratados de 186 que tenía nombrado el CAPS.
El Hospital Peliche, inaugurado en plena campaña electoral por Cristina Kirchner, junto a su cuñada Alicia Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y su nuera Rocío García, se construyó sobre un predio que perteneció a Yacimientos Carboníferos Fiscales. Los auditores señalaron la inexistencia de “las gestiones pertinentes por parte de la gobernación provincial a los efectos de que la empresa dueña del terreno, preste la conformidad para la ocupación del mismo”. Ahora buscan que se regularice esta situación para abrir de nuevo el CAPS.
Entre las conclusiones que arroja el documento, se indicó que “se verifican irregularidades tanto en el cumplimiento como en la rescisión del Convenio de Colaboración suscripto entre la Nación y la gobernación provincial”. Y en consecuencia se pidió al Tribunal de Cuentas de Santa Cruz “una auditoría integral del Centro Articulador que incluya los aspectos sanitarios, administrativos, contables y financieros hasta la fecha de traspaso al ámbito Nacional, a los efectos de deslindar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan”.
Desde la vocalía por la minoría, presentaron un informe de gestión al que accedió Clarín, donde se observó “como grave irregularidad la asunción de la prestación del servicio de salud en un Hospital que fue calificado con nivel hospitalario III sin un solo agente público provincial, ya que toda la estructura era articulada con contratos temporarios de prestación de servicios, en su mayoría monotributistas”.
Por : LUCÍA SALINAS
Fecha : 14/04/2017 11:15 horas
Actualizado al 14/04/2017 12:13 horas
Fuente : Clarín
https://www.clarin.com/politica/dice-informe-complica-rocio-garcia-mujer-maximo-kirchner_0_ByyjorRTg.html
Un testigo complicó a la mujer de Máximo
Un auditor médico dijo que Rocío García daba las órdenes por el plan "Argentina Sonríe".
Rocío García junto a la ex Presidenta y a Máximo Kirchner. Foto Archivo.
Con una extensa declaración basada en los informes de auditoría, la situación de Rocío García, pareja de Máximo Kirchner, se complica en la causa "Argentina Sonríe" en la que se encuentra imputada por defraudación a la administración por el manejo de $ 223 millones. "Todo se hacía en función de lo que ella pedía", señaló el auditor del ministerio de Salud ante el juez Julián Ercolini en una testimonial tomada en el marco de la causa. Un informe final de auditoría al que accedió Clarín, señala que hubo "faltante de casi ocho millones de pesos en equipamiento", documentación inconsistente, irregularidades en el manejo de personal y pago de salarios, entre otras observaciones.
"Desvíos en la ejecución de metas, incumplimientos en los convenios con universidades y rendición de fondos”, junto a contrataciones y compras sin procesos licitatorios, son parte de la investigación que lleva adelante el juez Ercolini y que tiene en sus principales imputadas a Rocío García, nuera de Cristina Kirchner y actual ministra de Salud de Santa Cruz.
Rocío García y Máximo Kirchner en 2011 durante la asunción de la ex Presidenta. Foto EFE.
Recientemente el auditor del ministerio de Salud de la Nación, Marcelo Francisco declaró en el marco de la investigación. Durante cinco horas brindó ante la Justicia un exhaustivo detalle de lo que el área a su cargo, fue realizando durante estos meses. Respondió 85 preguntas de las cuales 40 eran para ratificar todos los puntos que integraron la auditoría. Para respaldar todo lo actuado se presentaron dos biblioratos con informes y documentación.
"Se hacía y se dejaba de hacer lo que ella indicaba", señaló el auditor ante la Justicia, algo ya consignado en los informes de auditoría, en referencia a la pareja de Máximo Kirchner que en los últimos años, tras la creación del cargo a través de un decreto firmado por la ex Presidenta, se desempeñó como coordinadora regional del Centro Articulador de Políticas Sanitarias (CAPS).
El Centro Articulador de Políticas Sanitarias en Río Gallegos, cerrado hace meses. Foto Juano Tesone.
Un informe final complica aún más su situación. Con más de 57 páginas, se consigna en las evaluaciones que en el recuento físico de bienes que se hizo en el CAPS de Río Gallegos, cuando se decidió que vuelva a la órbita nacional, se detectó faltante de equipamiento "que pertenecía al Ministerio por una suma de $ 7.769.592".
En lo que concierne al cargo en el que se nombró a Rocío García, el informe señala que hubo "irregularidades en el desempeño de las misiones y funciones ejercidas". Se verificó "la toma de atribuciones no asignadas mediante la normativa de designación, lo cual implica la posesión sobre bienes que corresponden al Ministerio de Salud", como también "Inconsistencias en la percepción de sus haberes".
Rocío García junto a la ex Presidenta en 2011 cuando asumió su segundo mandato. Foto Emmanuel Fernández.
El CAPS tenía 186 personas nombradas. Sobre el manejo del personal se denunciaron "graves irregularidades en los procedimientos implementados". Se analizaron contrataciones donde el Ministerio "abonó los salarios aunque se encontraban trabajando afectados al CAPS hasta setiembre del 2016" y que "en dicha fecha en forma injustificada y unilateral, 19 contratados fueron desafectados".
En la auditoría se encontró parte del equipamiento médico que debía estar en los móviles sanitarios -que costaron $ 80 millones- , en diferentes salas del Centro Articulador. El documento que se incluirá en la causa judicial, consigna que no existen "actas de traspaso y/o documentación que certifique el traslado de equipamiento".
Argentina Sonríe dos containers del programa Argentina Sonríe dos salud bucal
"Existió una estructura con cuatro universidades para distribuir los sobreprecios y recibir los retornos", se denunció en la causa. Con las universidades de Entre Ríos y San Martín se realizaron pagos a la empresa Callmed SA para la refuncionalización de los móviles sanitarios. "El Programa trianguló los pagos con tres Universidades por $ 31,4 millones", indica la denuncia. Esto fue ratificado ante el juez Ercolini.
Se verificó que en ningún momento existió el acta obligatoria, donde se describe "el equipamiento odontológico que es parte integrante del Convenio de Colaboración" que firmó el gobierno nacional y la Provincia durante la gestión anterior. Lo que complicó su relevamiento posterior.
Por : LUCÍA SALINAS
Fecha : 12/04/2017 - 01:00 horas
Fuente : Clarin
https://www.clarin.com/politica/testigo-complico-mujer-maximo_0_H1sieqc6g.html
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