Entre Ríos: dos exfuncionarios fueron condenados por sobreprecios en una obra pública
El exintendente de Larroque Raúl Riganti junto a su exsecretario de Gobierno, Leonardo Hassel, reconocieron su culpabilidad en un juicio abreviado y aceptaron las penas de dos años y uno de prisión condicional, respectivamente, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Tras reconocer su culpabilidad en un juicio abreviado por sobreprecios en una obra de pavimento, este lunes fueron condenados a prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos el exintendente de Larroque, Entre Ríos, Raúl Riganti (Partido Justicialista), y su exsecretario de Gobierno, Leonardo Hassel. Según informó la prensa local, la obra en cuestión fue ejecutada en 2015 por un convenio con el Ministerio de Planificación Federal, por entonces a cargo de Julio De Vido. Correspondió a asfaltado de calles, badenes y cordones cuneta a lo largo de 14 cuadras. Otros dos funcionarios públicos estuvieron involucrados en el delito.
A los cuatro exfuncionarios se les encontró culpables de haber defraudado en forma conjunta a la administración pública, más concretamente al municipio de Larroque, al haber realizado una serie de actos a través de los cuales se facilitó la contratación y acuerdo de pago en favor de la empresa constructora OIC SA, acordando precios desproporcionados con los valores reales. Según la sentencia que publicó el portal Análisis Digital, en la audiencia en la que se definió el juicio abreviado, los cuatro imputados reconocieron su participación y responsabilidad en los delitos denunciados y se mostraron de acuerdo con las penas acordadas.
A Riganti, quien era intendente al momento de los hechos, Arturo Dumón, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas le otorgó la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por tentativa de fraude contra la administración pública. Para Hassell, quien era secretario de Gobierno de Riganti y luego fue intendente de la localidad entre 2019 y 2023, el magistrado estableció una condena de un año de prisión condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos, al encontrarlo autor del delito de abuso de autoridad por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los otros dos funcionarios que quedaron involucrados en el delito también recibieron una sentencia. Por un lado, Juan Carlos Rochelle, quien era secretario de Obras Públicas y quien fue declarado como coautor del mismo delito recibió una pena similar a Riganti. Por otro lado, a Norberto Marchesini, exsecretario de Hacienda, se le aplicó la misma pena que a Hassell.
El fiscal a cargo del caso fue Lisandro Beherán. Miguel Ángel Cullen, abogado paranense defendió a los cuatro imputados. Fabián Otarán acompañó al letrado como codefensor en el caso de Marchesini.
Según el fallo, para la obra se realizó un concurso de precios que culminó con la adjudicación a OIC SA, representada por Néstor Hereñú, por un monto apenas superior a los $21 millones “a sabiendas de que el valor económico contratado resultaba evidentemente desproporcionado con los valores reales de la obra a realizar”, que ascendían aproximadamente a $16 millones tomando la obra proyectada, y a $9 millones tomando la obra finalizada, de acuerdo al peritaje efectuado por el ingeniero Beltrán Uranga.
En la gestión de Riganti se abonaron a OIC SA en razón de la ejecución de la obra $8,6 millones. Restaba pagar la diferencia, pero el trámite no llegó a materializarse por el recambio de autoridades. Entre los acusados no estuvo presente Hereñú debido a que accedió a una suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation.
La devolución de los fondos
En mayo de 2016, el entonces intendente de Larroque, Darío Benedetti de Juntos por Entre Ríos, y el gobernador de esa provincia, Rogelio Frigerio, que se desempeñaba como ministro del Interior, suscribieron un acuerdo por el cual el gobierno entrerriano le devolvería a Nación $13 millones producto de un sobreprecio en una obra de pavimento.
Benedetti, quien hoy se desempeña como concejal de la localidad, presentó una denuncia contra su antecesor, Raúl Riganti. El gobierno nacional había girado el dinero a la Municipalidad de Larroque para terminar de pagar la obra de 14 cuadras de asfalto iniciada en la gestión de Riganti. Como se mencionó anteriormente, la plata era para transferir a la empresa OIC SA, a cargo de los trabajos.
En diciembre de 2025, cuando asumió Benedetti, el intendente ordenó una auditoría: convocó a dos consultoras, una de carácter técnico y otra jurídica, y ambas constataron que la obra en cuestión no costaba más de $5 millones. Según destacó el medio local, la empresa ya había cobrado $8 millones y había $13 millones por ese concepto depositados en una cuenta del municipio en el Banco Nación.
En ese entonces Benedetti decidió devolver el dinero, denunciar a su antecesor y los otros tres funcionarios que estuvieron involucrados en el delito.
Fecha : 26 de marzo de 2024 - 22:25 horas
Fuente : LA NACIÓN
Por : Leonardo Hassell y Raúl Riganti
Créditos: Análisis Digital
https://www.lanacion.com.ar/politica/entre-rios-dos-funcionarios-fueron-condenados-por-sobreprecios-en-una-obra-publica-nid26032024/
Raúl Riganti y Leonardo Hassell fueron condenados por sobreprecios en una obra pública
Raúl Riganti y Leonardo Hassell fueron condenados por sobreprecios en una obra pública
Los ex intendentes de Larroque Raúl Riganti y Leonardo Hassell, ambos enrolados en el peronismo, reconocieron su culpabilidad y fueron condenados este lunes en juicio abreviado por sobreprecios en una obra de pavimento realizada durante la gestión 2011-2015. Al primero se le aplicó una pena de dos años de prisión condicional y una inhabilitación perpetua y al segundo, una pena de un año e inhabilitación especial.
Para Riganti, que era presidente municipal al momento de los hechos, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas, Arturo Dumón, dispuso la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por tentativa de fraude contra la administración pública. Una pena similar al encontrarlo coautor del mismo delito se aplicó a Juan Carlos Rochelle, que era secretario de Obras Públicas.
Para Hassell, que era secretario de Gobierno de Riganti y luego fue intendente de la localidad (2019-2023), el magistrado estableció una condena de un año de prisión condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos, al encontrarlo autor del delito de abuso de autoridad por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La sentencia alcanzó también a Norberto Marchesini, ex secretario de Hacienda, a quien se aplicó la misma pena que a Hassell.
En el debate intervino el fiscal Lisandro Beherán. Defendió a los cuatro imputados el abogado paranaense Miguel Ángel Cullen, acompañado por el letrado Fabián Otarán como codefensor en el caso de Marchesini.
Como marca el procedimiento, en la audiencia en la que se definió el juicio abreviado, los cuatro imputados reconocieron expresamente su participación y responsabilidad en los delitos denunciados y se mostraron de acuerdo con las penas acordadas, según consta en la sentencia a la que accedió ANÁLISIS.
A los cuatro ex funcionarios se les adjudica haber defraudado en forma conjunta a la administración pública, mas concretamente al municipio de Larroque, al haber realizado una serie de actos a través de los cuales se facilitó la contratación y acuerdo de pago en favor de la empresa constructora OIC SA, acordando precios desproporcionados con los valores reales.
La obra en cuestión fue ejecutada en 2015 por convenio con el Ministerio de Planificación Federal, por entonces a cargo de Julio De Vido. Correspondió a asfaltado de calles, badenes y cordones cuneta a lo largo de 14 cuadras.
Según el fallo, para la obra se realizó un concurso de precios que culminó con la adjudicación a OIC SA, representada por Néstor Hereñú, por un monto apenas superior a los 21 millones de pesos “a sabiendas de que el valor económico contratado resultaba evidentemente desproporcionado con los valores reales de la obra a realizar”, que ascendían aproximadamente a 16 millones de pesos tomando la obra proyectada, y a 9 millones de pesos tomando la obra realizada, de acuerdo al peritaje efectuado por el ingeniero Beltrán Uranga.
En la gestión de Riganti se abonaron a OIC SA en razón de la ejecución de la obra 8,6 millones de pesos. Restaba pagar la diferencia, pero el trámite no llegó a materializarse por el recambio de autoridades. El sucesor de Riganti fue el radical Darío Benedetti, que asumió e hizo la denuncia.
Respecto de la empresa involucrada, cabe recordar que en diciembre de 2021 el representante de la compañía, Néstor Hereñú, logró una probation.
Riganti y Hassell integraron históricamente en el departamento Gualeguaychú el grupo político del ex vicegobernador Pedro Guastavino y del actual diputado provincial Juan José Bahillo. Entre 2019 y 2023, Hassell fue intendente de Larroque. Riganti, por su parte, se desempeñó como diputado provincial entre 2015 y 2019.
Fecha : 26 marzo, 2024
Fuente : El Miércoles Digital
https://www.elmiercolesdigital.com.ar/raul-riganti-y-leonardo-hassell-fueron-condenados-por-sobreprecios-en-una-obra-publica/
Riganti, Hassell y ex funcionarios municipales fueron condenados por el sobreprecio de "las 14 cuadras"
Es lo que indica la sentencia del Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy Dr. Arturo Dumón en la causa contra el ex intendente y parte de su equipo, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El asfaltado de aquellas 14 cuadras que comenzaron a ser ejecutadas en el año 2015, cuya sospecha de sobreprecios generó la denuncia en la justicia por parte del intendente Darío Benedetti al año siguiente, asesorado jurídicamente por el ex vice intendente Rubén Virué, tuvo este lunes una sorpresiva resolución tras conocerse el fallo del tribunal presidido por el fiscal Dumón, que condenó a los acusados, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública.
Y aunque muchas veces la justicia avanza, retrocede, frena o acelera de acuerdo a quien conduce el poder político, esta vez fueron los propios acusados quienes optaron por una resolución rápida "de punto final", como lo es el instituto del juicio abreviado en la instancia de debate, por el cual les cayó una sentencia de un peso quizá menor al que se arriesgaban si el proceso continuaba.
Para ello, y como se expresa en la sentencia "los imputados manifestaron comprender y conocer el sentido y alcance del mismo y reconocieron expresamente las respectivas participaciones y responsabilidades en los hechos que en el acto se les hicieron conocer, estando también de acuerdo con las condenas convenidas, de lo que han sido suficientemente informados, manifestando que al acuerdo de mención lo han celebrado con plena libertad y voluntariamente".
Arturo Dumón
En el fallo, que enumera las irregularidades, favorecidas por el ex intendente y sus funcionarios a favor de la empresa constructora O.I.C.S.A., el presidente del tribunal consideró que el daño económico al estado no logró consumarse, por causas ajenas a la voluntad del acusado. "Tal hecho ha quedado en grado de tentativa" remarca en varias ocasiones.
El cambio de autoridades municipales habría sido la obvia razón por la que ese daño al estado no se consumó y a partir de allí, la lupa de Virué puesta en la segunda gestión de Riganti, terminó por poner a la luz como se fue tejiendo el intento de beneficio para O.I.C.S.A.
En la condena por defraudación al estado, se le aplica al ex presidente Municipal, Raúl Riganti y al entonces Secretario de Obras Públicas Juan Carlos Rochelle, a una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos electorales o de manejo de fondos públicos.
Raúl Riganti y Darío Benedetti
Para Hassell, en aquel entonces Secretario de Gobierno y para el ex secretario de Hacienda, Norberto Marchesini, se los condenó como co-autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial por el doble tiempo para ejercer cargos públicos electorales o de manejo de fondos públicos.
En el fallo aceptado, queda probado que se acordaron precios desproporcionados con los valores reales y estimativos de mercado o plaza de la fecha de contratación, en perjuicio de las arcas municipales y en relación a la obra pública que se detalla en el decreto municipal que formalizaba un convenio entre la municipalidad de Larroque y la secretaria de obras públicas del Ministerio de Planificación Federal.
Para tal cometido, se llevó a cabo por parte de las autoridades del municipio un concurso de precios con tres empresas a elección del municipio, dentro de las cuales se encontraba la representada por el sr. Néstor a. Hereñú, disponiéndose el decreto 258/2015 en fecha 11 de junio de 2015 a tales fines (suscripto por Riganti y Hassell), adjudicándose la obra pública en cuestión a la mencionada empresa constructora OICSA por un monto de 21.049.304,44, a sabiendas de que el valor económico contratado resultaba evidentemente desproporcionado con los valores reales de la obra a realizar, existiendo claras diferencias entre lo acordado por contrato de ejecución de obra y lo que correspondía al valor real de la obra a realizar, que ascendía a $ 16.381.373,94 -aproximadamente- como valor de obra proyectada y $ 9.900.794,32 como valor de la obra que realmente fue ejecutada por la empresa, según se desprende del peritaje oficial del ingeniero Beltrán Uranga;
Por lo descripto por Dumón en el fallo, el cálculo arroja evidentes sobreprecios entre el valor contratado y acordado pagar, con el valor real estimativo que correspondía; como así también entre dicho valor acordado por las partes y el valor real de obra efectivamente realizada por la empresa, alcanzando este último una diferencia de más del 100 % del valor de la misma, teniendo en cuenta la obra que a la postre del contrato fue realmente ejecutada, todo ello con evidente perjuicio para la administración pública.
Entre los detalles de la sentencia, Dumón expresa que se contrató y acordó pagar a la empresa OICSA, -por parte de RIGANTI y con el conocimiento y colaboración de los restantes coimputados- como si se tratara de la obra a ejecutarse, cordones cuneta y badenes - ya existentes previo a la contratación-, a los fines de hacer variar sustancialmente la cuantía económica de la obra pactada en perjuicio de la administración pública, y en relación a la obra que luego fuera realmente ejecutada por OICSA.
El juicio abreviado, para el secretario de gobierno y el secretario de hacienda, les reportó una condena "más económica" que al intendente y al secretario de obras públicas, porque además de que el perjuicio al estado no se consumó, es decir, que quedó en "grado de tentativa", el escrito de Dumón señala que "en cuanto a los hechos probados contra Hassell y Marchesini, estos consistieron en ejecutar acciones dictadas por el intendente municipal, que aunque sin conocimiento de que perjudicaban económicamente al municipio en el que prestaba servicios, sí había advertido que resultaban contrarios a las leyes provinciales y municipales del caso".
LOCALES 26/03/2024-
Fuente : Acción de Larroque
https://acciondelarroque.com.ar/contenido/2052/riganti-hassell-y-ex-funcionarios-municipales-fueron-condenados-por-el-sobreprec
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