Claudio Moroni, breve biografía
Claudio Omar Moroni (Buenos Aires, 1 de diciembre de 1959) es un abogado y funcionario argentino, actual ministro de Trabajo de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019.
Fue administrador Federal de Ingresos Públicos durante 2008, administrador Nacional de la Seguridad Social (2007–2008), síndico General de la Nación (2004–2007) y superintendente de Seguros de la Nación (1995–1998 y 2002–2004).
Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires.
Fue gerente técnico de la Superintendencia de Seguros de la Nación entre 1989 y 1995. Entre 1999 y 2002 fue consultor en Seguros del Banco Interamericano de Desarrollo, además de jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Banco Provincia de Buenos Aires y miembro del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior.
Referencias
- ↑ «Claudio Moroni, el “albertista” que se reunió con “coroneles” de Abad y Cuccioli que actuaron contra Cristóbal López». 19 de septiembre de 2019.
- ↑ «Quién es Claudio Moroni, el nuevo ministro de Trabajo». Página/12. 7 de diciembre de 2019. Consultado el 3 de julio de 2020.
- ↑ «Claudio Moroni conducirá la AFIP». 5 de mayo de 2008.
- ↑ «¿Quién es Claudio Moroni, la nueva cabeza de la AFIP?». 5 de mayo de 2008.
Fuente : Wikipedia
Fecha : 29/10/2021
https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Moroni
La denuncia que vinculó a Alberto Fernández con un caso de corrupción menemista
El presidente electo integró el directorio de un organismo denunciado por una estafa millonaria en los 90. Fernández no estuvo mencionado en la Justicia. Y la causa se archivó. La respuesta del próximo jefe de Estado.
Alberto Fernández. | JUAN VARGAS / NA
La trayectoria política de Alberto Fernández se inició con el retorno de la democracia y tiene reminiscencias que luego de las elecciones del domingo pasado cobran otra dimensión. Sobre todo, las que vinculan al presidente electo con denuncias de corrupción durante su paso en la gestión pública del menemismo.
En este trabajo el Equipo de Investigación de Perfil Educación reconstruyó el momento en el que Fernández recaló en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) entre 1989 y 1995 y ocupó un lugar en el directorio del Instituto del Reaseguro (INdeR) durante el gobierno de Carlos Menem. En ese entonces el organismo que debía controlar Fernández fue denunciado por una presunta malversación de fondos.
La denuncia de corrupción fue impulsada en su momento por Roberto Guzmán, ex ministro de Economía de Salta, que intervino el INdeR en 1995 por pedido del influyente ministro Domingo Cavallo. La denuncia señalaba los presuntos pagos inflados desde el Instituto por siniestros que estaban demorados y que se inventaban o modificaban para favorecer discrecionalmente a algunas empresas. Era un mecanismo, según Guzmán, que podía ser posible gracias a un escaso control de la creciente deuda que iba contrayendo el INdeR mientras Fernández era parte de su directorio.
Cuando Guzmán se convirtió en el interventor, la deuda del INdeR con empresas del sector era de 1.200 millones de pesos o dólares, según la Convertibilidad. Pero de acuerdo a los cálculos del interventor, esa deuda no debería haber sido superior a los 500 millones de pesos o dólares. Con la sospecha de estas irregularidades, Guzmán les encargó a los abogados Luis Moreno Ocampo y su socio en aquel momento, Hugo Wortman Jofré, una auditoría externa.
El Equipo de Investigación accedió a una copia del informe preparado por el estudio de Moreno Ocampo, donde se revelan detalles de la denuncia. El documento se titula “La mafia del INdeR” y fue publicado en octubre de 1995 en una revista de Poder Ciudadano. Allí se asegura que quienes estaban en el directorio del Inder —tal es el caso de Fernández— no fueron eficientes para detectar esta metodología de desfalco.
Y se la describe: “Personas que ofrecían dos clases de negocios a las compañías de seguros: primero, obtener rápidamente los pagos de las sumas que el Inder adeudaba. Segundo, crear falsamente una deuda y obtener su cobro. Se pagaban montos mucho más altos que los contratados. Se pagaba hasta tres veces la misma póliza. (...) Algunas compañías habían cobrado más de 60 millones de dólares y otras no habían cobrado un peso”.
Alberto Fernández no estuvo mencionado en la denuncia y sostiene hasta el día de hoy que no tuvo ninguna relación con ese supuesto desfalco. “Nosotros denunciamos y Moreno Ocampo avanzaba sobre nuestros datos, como abogado querellante del INdeR.
Pusimos en conocimiento del INdeR hechos que lo damnificaban y que eran atribuibles a empresas de seguro que la SSN controlaba”, explicó el presidente electo al Equipo de Investigación. Además, Fernández, en su defensa, agregó que los hechos denunciados no se relacionan directamente con el organismo que él lideraba, la Superintendencia.
El Equipo de Investigación se contactó con Moreno Ocampo. “Nosotros trabajábamos para el INdeR y teníamos que investigar si los reclamos que se le hacían al INdeR eran válidos, porque Guzmán quería evitar la corrupción durante su gestión. Además, muchas veces nos pedía que nos metiéramos también en los casos que denunciaba Alberto en la SSN”, aseguró el exfiscal del Juicio a las Juntas.
En el escrito que había sido elaborado por Moreno Ocampo se explica una de las soluciones que tomó Guzmán cuando intervino el INdeR, poco tiempo antes de que Fernández abandonara la SSN. “Hasta ese momento, los siniestros cuyos montos eran inferiores a 10 mil dólares se pagaban en forma automática ante el solo reclamo de las compañías. La mera exigencia de copia del cheque de pago redujo los reclamos de un promedio mensual de 5 millones de dólares a 675 mil dólares”.
Guzmán fue el principal denunciante en esta causa y escribió un libro sobre el tema titulado Saqueo asegurado. “Debido a que estuvo al frente de la Superintendencia desde el 89, Fernández fue uno de los funcionarios con mayor continuidad como autoridad del INdeR (según la ley, quien se desempeña como superintendente es además miembro del directorio del instituto).
Así, en tanto miembro del órgano directivo del INdeR y autoridad de control del mercado asegurador, puede decirse que le correspondió una alta cuota de responsabilidad respecto de las políticas aplicadas durante los 90 en el ámbito del seguro y las reaseguradoras”, denunció en su libro. Pero no pudo avanzar con su denuncia: Guzmán falleció en 2004.
Su posta la tomó el periodista Julio Nudler, columnista económico de Página/12, que murió un año después que Guzmán y que dejó esta descripción sobre el caso en una columna que nunca se publicó: “Fernández se encargó en su larga gestión al frente de la SSN de amparar el ocultamiento que muchas compañías hacían en sus balances de los juicios que tenían entablados en su contra por siniestros, ello para no tener que constituir las reservas de rigor”.
El enfrentamiento de Nudler con Página/12 por la censura a su columna desató una polémica dentro de la Asociación Periodistas, que tras este episodio, dejó de existir.
El INDER cerró sus puertas en 2018, luego de una extensa liquidación.
En cuanto al camino que recorrió la causa, según consignó la Revista Mu en 2004, los jueces Jorge Urso y Rodolfo Canicoba Corral recibieron las denuncias, pero las archivaron. Urso ya se retiró de la Justicia. Pero Canicoba Corral, que sigue en funciones, no quiso responder los llamados del Equipo de Investigación para hablar sobre este tema.
“Yo me fui de la SSN en 1995 y la causa estaba abierta, pero después no sé en qué quedó. Eso debe saberlo Moreno Ocampo”, agregó Fernández ante el Equipo de Investigación. En cambio, Moreno Ocampo sostuvo: “Mi estudio ayudó a Guzmán en su intento de sanear el INdeR. Yo me fui de Argentina en el 2002 a enseñar en Stanford y en Harvard y no sé cómo terminaron las causas penales”. En tanto, su viejo socio, Wortman Jofré, no respondió a las consultas para esta investigación.
Cuando Fernández finalizó su mandato en la SSN lo reemplazó su amigo y compañero de estudios de la Universidad de Buenos Aires, Claudio Moroni, quien se mantuvo en el cargo hasta 2004 y luego pasó a la Sindicatura General de la Nación. Las denuncias también abarcan esta gestión. El Equipo de Investigación se contactó con Moroni, que será el nuevo ministro de Trabajo cuando asuma la Presidencia Alberto. Pero el flamante funcionario no quiso brindar su testimonio.
Luego del triunfo de Alberto en las PASO, el periodista Santiago O’Donnell retomó esta vieja denuncia y la publicó en su sitio Medio Extremo. “Cada vez que Alberto Fernández dice en una entrevista, y ya lo escuché en varias, que nunca fue acusado de corrupción, no puedo dejar de pensar que es un hombre con suerte, ya que sus dos principales denunciantes están muertos”, comienza la nota de O'Donnnell, titulada “Alberto Fernández y la mafia del INdeR”.
Guzmán y Nudler están muertos. Y la causa está archivada.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
Por : Fermín Filloy
Fecha : 30-10-2019 05:51
Fuente : Perfil
https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/alberto-fernandez-corrupcion-los-90-que-lo-salpico.phtml
La nota que desnudaba el negocio de Alberto y Moroni con los seguros
La firmó en 2004 el periodista de Página/12, Julio Nudler, hoy fallecido. Luego, denuncio censura del diario. Contaba las desventuras de un ex titular del Inder contra el tándem que operaba desde la Superintendencia de Seguros. Presionaban por una deuda de 1.200 millones cuando el pasivo a lo sumo llegaba a 500.
El ex periodista de Página/12, Julio Nudler, escribió alguna vez la nota “Títeres y Titiriteros”, en consonancia con el nombramiento de Claudio Moroni en la Sindicatura General de la Nación (Sigen), allá por el año 2004. Allí describía una red de negocios entre Moroni y su jefe político, Alberto Fernández, cuando ambos eran números uno y dos en la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Según Nudler –quien luego denunció censura del diario oficialista y hasta se ganó una nota de Horacio Verbitsky donde refrendaba el rol de Fernández y Moroni-, estos presionaron entre 1994 y 1996 al entonces titular del Instituto Nacional de Reaseguros (Inder), Roberto Guzmán, para que reconociera una deuda con el sector de los seguros de 1.200 millones, cuando luego el propio Guzmán demostró que apenas era de 500 millones.
La nota ganó actualidad con la explosión del denominado “Caso Intelisano”, donde tanto el ex jefe de Gabinete como el ex síndico y titular de la AFIP aparecen seriamente implicados en un pago de 54 millones que la Justicia había bloqueado.
Aquí la nota completa y el homenaje a Nudler:
Para la congoja causada por la reciente muerte del salteño Roberto Guzmán hay ahora un triste consuelo: al menos no alcanzó a enterarse del nombramiento de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación, un hecho quizá más escandaloso aún que la designación de Martín Pérez Redrado al frente del Banco Central y de Miguel Pesce en la vicepresidencia. Guzmán, autor del memorable libro Saqueo asegurado, fue entre 1994 y 1996 liquidador del Instituto Nacional de Reaseguros, enfrentándose desde ese cargo con uno de los sectores más corruptos de la Argentina: el del seguro.
Pero Guzmán –nombrado por Domingo Cavallo, que gradualmente pasó a arrepentirse de haber elegido a una persona tan decente e insobornable– no debió lidiar sólo contra los aseguradores privados, que pretendían tener acreencias contra el iNdER por unos 2000 millones de pesos/dólares, sino también contra el tándem que conducía la Superintendencia de Seguros de la Nación: Alberto Fernández y su incondicional y apolítico Moroni.
Ellos presionaban para que el IndER “reconociera” una deuda de casi 1200 millones con el sector, cuando Guzmán (que denominaba a ese delirio “un cut off a la criolla”) demostró fehacientemente que el pasivo a lo sumo llegaba a 500 millones. Frustró así uno de los mayores robos contra el Estado.
Persona bien educada al fin, cuando debió dejar su cargo en diciembre de 1995, el actual jefe de Gabinete del presidente Kirchner se cruzó hasta el Instituto a presentar sus saludos, declarando en ese momento que, luego de haber conducido la SSN desde la asunción de Carlos Menem, pensaba dedicarse a la política.
En ese cometido lo ayudó Alberto Iribarne, patrón del justicialismo porteño. En 1999 Fernández, gracias a su estrecha vinculación con las aseguradoras, la mitad de las cuales pertenecían a bancos, pudo ocuparse de la financiación de la campaña del hincha del Taladro.
Iribarne fue, precisamente, quien cumplió, desde la llegada de Eduardo Duhalde a la Presidencia, la encomendada tarea de inutilizar la Sigen, peculiar misión en la que luego le sería de gran provecho la designación como síndica general adjunta de Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido y persona que, según opinión generalizada en el organismo de contralor, ni siquiera conoce lo mínimo como para serle útil a su marido el ministro. Pocas semanas atrás, Página/12 constató que en la página de Internet de la Sindicatura el currículum de la señora seguía “en preparación”, luego de meses y meses. ¿Pero es que ni siquiera había presentado su CV para ser designada?
Tras la nota de este diario, alguien se apresuró a subir al sitio los magros antecedentes de la dama. Aunque estos despropósitos, absolutamente impropios de una república, en la que se supone que los servidores públicos deben rendir cuentas, provoquen melancólicas sonrisas, en realidad involucran hechos gravísimos.
El bochornoso caso de la cónyuge de De Vido no es la excepción. A ella le asignaron como responsabilidad de síndica el PAMI. La consecuencia de su intervención, junto con la escasa solvencia técnica de Graciela Ocaña –porque en estas cuestiones la honestidad es condición necesaria pero no suficiente–, han conducido a que debiera anularse la licitación para la compra de medicamentos para los jubilados. Los experimentados técnicos de la Sigen, hoy completamente desmoralizados al ver que todo sigue igual o peor, les advirtieron, ya ocho meses atrás, que la licitación era un método absolutamente inapropiado para esa finalidad, pero las señoras no les hicieron caso.
Los resultados están a la vista.
La cuestión es obvia: fuera del conjunto de la industria, representada por las cámaras que la agrupan, no existe quien pueda garantizar la provisión en un día, en cualquier rincón de la Argentina, de un medicamento a determinar, que a un médico se le ocurra prescribirle de pronto a un anciano, el Enalapril para la presión, por ejemplo, y que difícilmente el afiliado acepte ver sustituido por otra marca.
Consiguientemente, en medicamentos de uso general se presentó una sola oferta: la del conjunto de las cámaras. En oncológicos ocurrió lo propio, aunque con una segunda oferta de la droguería San Javier, pero que no garantizaba el abastecimiento en 24 horas. Por tanto, la licitación se cayó, perdiéndose así la oportunidad de conseguir que los afiliados paguen menos por sus medicinas, ya que ellos abonan en promedio el 50 por ciento. En una palabra: la irresponsable designación de Minnicelli, inepta para el cargo, terminan pagándola los jubilados.
¿El presidente Kirchner seguirá ignorando el clamor por su destitución y la necesidad de elegir a los funcionarios por su solvencia y no por razones espurias? Los hechos protagonizados por Moroni en la SSN en sus dos gestiones como titular (la inicial sucediendo a Fernández, antes de ser a su vez desplazado en febrero de 1998 por Daniel Di Nucci, hombre del Grupo Juncal, perteneciente a la Banca Nazionale del Lavoro, con rol protagónico del sindicalista combativo Armando Cavalieri; la segunda, por obra y gracia de Duhalde, con obvia influencia entre bambalinas de Fernández) son de una gravedad poco usual. El diseñó, por ejemplo, un sistema que desamparó totalmente a los pasajeros de medios de transporte.
Es, por citar sólo un caso, el fraude que sufrieron los deudos de los nueve estudiantes muertos el 27 de diciembre de 1996 cuando el micro en que viajaban a Bariloche chocó con un camión en el partido de Laprida. Hubo también muchos heridos, algunos graves, que tampoco vieron un peso. Ello pese a que El Rápido Argentino tenía contratado el seguro de rigor con La Uruguaya Argentina, LUA. Pero falta un detalle: mientras Moroni no tuvo cargo en la SSN, entre febrero de 1998 y marzo de 2002, fue sucesivamente asesor y directivo ¡de LUA, precisamente!
Esa compañía, que en realidad eran dos y ninguna, como corresponde a la engañosa arquitectura de un timo, fue utilizada por los hermanos Mario y Sergio Cirigliano, que a comienzos de los ’90 sólo eran dueños de las líneas 61 y 62, para construir su imperio, abarcando en él Metrovías, TBA, Transporte Automotor Plaza, las líneas 36, 141 y 64, además, entre otras tenencias, del subte de Río de Janeiro. Moroni y Armando Canosa, ex secretario de Transporte, operaron desde el Estado para el progreso empresario de los Cirigliano.
¿Se mencionó antes a Daniel Di Nucci? Pues bien: su hermano Luis fue director comercial de LUA Seguros La Porteña. En verdad, a La Uruguaya Argentina la habían fundido, pero utilizaban la sigla LUA para confundir, haciendo creer que era la misma.
Cuando el superintendente Juan Pablo Chevallier - Boutell decidió prohibir que LUA La Porteña siguiera emitiendo pólizas a pesar de su insolvencia, Duhalde (es decir, Fernández) lo echó para poner en su lugar a Moroni, que obviamente no halló nada malo en que se continuara estafando a los asegurados. Moroni fue quien convirtió al seguro obligatorio en un arma letal contra los transportistas chicos. A fines de 1997 implantó un régimen por el cual las pólizas que estaban forzados a contratar tendrían una franquicia de 40.000 pesos/dólares.
En la práctica, esto implicaba que los colectiveros debían afrontar la gran mayoría de los siniestros, a pesar de estar asegurados. Incapaces de soportar el pago de las indemnizaciones, recibían préstamos de un sistema de mutuales armado por Moroni. Por ese medio les generaban deudas impagables, que desembocaban en su expropiación.
Fernández se encargó en su larga gestión al frente de la SSN de amparar el ocultamiento que muchas compañías hacían en sus balances de los juicios que tenían entablados en su contra por siniestros, ello para no tener que constituir las reservas de rigor.
Protagonistas extremas de estas maniobras fueron las cooperativas Belgrano y Bernardino Rivadavia, que acaparaban el 70 por ciento de los seguros del transporte público de pasajeros. El hundimiento de la primera dejó colgados del pincel 20 mil juicios y otras tantas víctimas. Como los transportistas –que se creían asegurados– debieron hacer frente a las indemnizaciones, no pocos prefirieron quebrar.
Pero los recursos de Moroni eran inagotables: en marzo de 1997 hizo que Menem, con algún argumento poderoso, firmase un inconcebible DNyU suspendiendo por 36 meses todas las ejecuciones de sentencias contra transportistas y aseguradoras, independientemente de su situación patrimonial. La mayoría automática de la Corte Suprema garantizaba estas aberraciones.
Ahora Moroni es el hombre que Kirchner y Fernández presentan a la sociedad como garantía de que la lucha contra la corrupción en el Gobierno es una alta prioridad. ¿Qué suponen acerca de la inteligencia de los argentinos? ¿Creen que este pueblo sigue aceptando el “roban pero hacen”? No: aunque hagan, si roban deben ir presos, hoy, mañana, cuando se los pueda condenar. ¿El títere controlará al titiritero? La Argentina sigue siendo un cambalache.
Fecha : 15/01/2009
Fuente : La Política On Line
https://www.lapoliticaonline.com.ar/nota/nota-54595/
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