467 - Investigan si se pagaron coimas por la importación de gas licuado

1.- Denuncian a Enarsa por compras multimillonarias de gas

21/10/2014 - 08:43hs

Julio De Vido

Los diputados nacionales de Unión PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso interpondrán una denuncia contra la empresa estatal Enarsa por presuntas irregularidades en "multimillonarias compras de gas importado", a la vez que pedirán la interpelación del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para que explique el tema en el Congreso. Tras las polémicas declaraciones del ex ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi, quien aseguró que asesoró a De Vido en temas energéticos y que afirmó que a cargo de Enarsa, YPF actúa en la compra de gas desde 2012 "sin transparencia y fuera de la ley", los legisladores solicitarán que se realice una investigación para determinar si se constituyó o no un delito en el accionar de la empresa. En ese sentido, también pidieron determinar si los funcionarios y asesores han actuado dentro del cumplimiento de deberes de funcionario público y han realizado negociaciones compatibles con la función pública o si han actuado con desvío de poder en las referidas operaciones. Por eso, explicaron que solicitarán la remisión inmediata de todos los contratos referidos a esta operatoria antes y después de 2012. El fin de semana, Dromi, ex ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem, advirtió irregularidades en la compra de gas licuado importado y señaló que no están claras las condiciones de los contratos firmados por YPF para la adquisición de combustible. Según dijo, hasta 2012 la Argentina le compraba a la española Gas Natural Fenosa –empresa para la que trabajó–. "Fenosa me pagaba un honorario, pero era un seguimiento rigurosísimo, con consultoras que manejaban hasta el movimiento intercontinental de barcos", contó el abogado. El ex funcionario menemista se refirió a embarcaciones como las que se encuentran varadas actualmente en Bahía Blanca, con cargamento que, según denuncia, no se somete a ningún tipo de control.

Al día siguiente, YPF salió al cruce de Dromi y emitió un duro comunicado en el que, sin mencionarlo, puso el foco en lo que hizo De Vido en los años anteriores a través de Enarsa

http://diariohoy.net/politica/denuncian-a-enarsa-por-compras-multimillonarias-de-gas-39945

2.- Bonadío ordenó allanamientos en el Ministerio de Planificación, el Enarsa e YPF

17/07/2015

A menos de 24 horas de haber sido removido de la causa Hotesur, el juez federal ordenó procedimientos en el marco de otro expediente en el que se investiga si hubo o no sobornos o dádivas en millonarias compras de gas licuado, por parte de la cartera que maneja el Ministro Julio De Vido. Antes había cuestionado su apartamiento de la causa que involucra a la familia presidencial y avisó: “Si me encuentran suicidado, busquen a los asesinos, porque no es mi estilo”. El juez Claudio Bonadío redobló hoy la apuesta en las investigaciones sobre causas que afectan al centro del poder político del kirchnerismo, a un día de haber sido removido de la causa Hotesur, donde investigaba presuntas maniobras de lavado en el hotel de la presidente Cristina Fernández y su familia. Este mediodía ordenó, por otro expediente, allanar YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y oficinas del Ministerio de Planificación que maneja Julio De Vido. El magistrado investiga una denuncia sobre la compra de gas licuado por parte del Gobierno que data de años atrás. También se investiga a la empresa estatal Enarsa. El allanamiento ordenado busca de información en el marco de una causa sobre supuestas "dádivas" o "sobornos" en la importación de gas, según aseguraron diputados opositores. De acuerdo con La Nación, ante la consulta de los periodistas, el ministro Julio De Vido sólo se limitó a declarar: “Por lo visto hay un plan de allanamientos para todos y todas”, parafraseando a la presidenta Cristina Kirchner. Poco antes de las 13, funcionarios judiciales y efectivos de la Policía Metropolitana se presentaron en la sede de la petrolera estatal en Puerto Madero con la orden de allanamiento de Bonadio. Al mismo tiempo lo hicieron en la cartera que conduce Julio De Vido y en Enarsa. En octubre del año pasado, los diputados de PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso presentaron una denuncia contra Enarsa "por multimillonarias compras de gas importado" que se habrían realizado de manera irregular. Se sospecha de una triangulación con el gobierno de Venezuela, que ya se encuentra bajo la lupa desde el caso de Antonini Wilson, que prescribió este año, por la inacción de la Justicia. En su momento, los legisladores macristas señalaron que "YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley". Entonces, exigieron "determinar si los funcionarios y asesores han realizado negociaciones incompatibles con su función". 

Bonadio investiga si hubo irregularidades en la importación de gas transportado en barcos, a partir de esta denuncia de los diputados nacionales del PRO.

Esta mañana, el juez conocido por ser uno de los que respondían al poder del menemismo a fines de los noventa -fue uno de los “jueces de la servilleta”-, había lanzado oscuras declaraciones, poco después de que la Sala I de la Cámara Federal porteña lo apartara de la causa Hotesur, donde investigaba a la familia presidencial por supuesto lavado de activos. Tras cuestionar la medida, al señalar que “si no dormía la causa”, sabía que le podía suceder algo así, expresó que “si aparezco suicidado, busquen a los asesinos, porque no es mi estilo”. Las oscuras palabras hacen alusión a la muerte del fiscal Alberto Nisman, encontrado con un disparo en la cabeza en enero de este año, un día antes de presentarse ante el Congreso de la Nación para ampliar su denuncia por encubrimiento en la causa AMIA contra la presidente CFK y el canciller Héctor Timerman, entre otros funcionarios y dirigentes kirchneristas. La remoción de Bonadío llegó a días de haber ordenado un allanamiento a la inmobiliaria de Máximo Kirchner, el hijo de la presidente, en el marco de la investigación por lavado de activos que involucra a la familia presidencial y al empresario K, Lázaro Báez. Por sorteo, la causa recaló en el juzgado de Daniel Rafecas, otro magistrado que responde al kirchnerismo y de hecho, ya protegió a la presidente CFK, al negarse a investigar la denuncia de Nisman por presunto encubrimiento a los responsables iraníes en el atentado a la AMIA. De todas formas, el apartamiento no está firme, dado que la querellante en la causa Hotesur, la diputada nacional y precandidata presidencial por el espacio “Progresistas”, Margarita Stolbizer, apeló la medida de la Cámara Federal.

http://poderypolitica.com.ar/ampliar.php?id=811

3.- Bonadio investiga si se pagaron coimas por la importación de gas licuado

Un negocio de 4 mil millones de dólares por año. El juez allanó el ministerio de Planificación, YPF, Enarsa y secuestró los expedientes con las compras a empresas trasnacionales. 

Operativo. Durante el procedimiento de la Metropolitana se cerró el acceso principal de YPF. Jorge Sánchez

Clarin.com -    Política -    17/07/15

Daniel Santoro

El juez federal Claudio Bonadio allanó ayer el ministerio de Planificación Federal, la empresa estatal Enarsa e YPF en una causa en que se investiga el pago de supuestas comisiones millonarias por la importación de gas natural licuado desde mediados del gobierno de Néstor Kirchner hasta la fecha. El magistrado, presionado duramente por el Gobierno, secuestró los expedientes vinculados con esas compras, entre otros documentos y soportes informáticos. Desde el 2008 hasta la fecha el Gobierno compró gas licuado para enfrentar la crisis energética. Solo en años como el 2012 o 2013 se importó GNL por más de 4 mil millones de dólares por año. Cada barco cuesta unos 80 millones de dólares. Debían pagarse por adelantado a Gas Natural Fenosa de España, a British Gas y al GP Morgan. Son buques gigantes que transportan gas a 180 grados bajo cero. Fuentes judiciales explicaron a Clarín que el juez investiga cuáles compran se hicieron por adquisiciones directas o concursos privados de precios cuando todas deberían haber hecho a través de licitaciones públicas internacionales. El juez también quiere saber si las empresas propietarias de los buques pagaron “dádivas” a sindicatos argentinos que debían ayudar a entrar a los barcos a los puertos de Bahía Blanca o de Zárate. Se habla de 200 mil dólares por barco. En varias oportunidades, por problemas de congestión en el río Paraná los buques debían quedarse navegando en círculos frente a Punta del Este y del Gobierno, también, debió pagar fuertes multas. Hasta el 2012 Enarsa le pidió a Repsol-YPF que pagara los barcos en su nombre porque no tenía los balances en orden para semejante transacción internacional.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Policía Metropolitana. El ministro d e Planificación, Julio De Vido, sólo se limitó a declarar con ironía: “Por lo visto hay un plan de allanamientos para todos y todas”, parafraseando a la presidenta Cristina Kirchner por el allanamiento a las oficinas de Máximo en Río Gallegos. Bonadio investiga esta causa a partir de una denuncia de los diputados nacionales del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich, basadas en una investigación de Clarín (Ver aparte) y un reportaje de La Nación al ex ministro de Obras Públicas de Carlos Menem, Roberto Dromi, en el que admite que asesoró a De Vido y también a la empresa Gas Natural de España. Dijo al principio las compras “no se ajustaban a la legislación argentina”. Los legisladores del PRO también pidieron que se investigue qué quiso decir YPF estatal cuando afirmó en un comunicado que en el 2012 “puso fin a un proceso de intermediación y pago de comisiones

http://www.clarin.com/politica/gas_licuado-bonadio_0_1395460920.html

4.- Roberto Dromi, el inventor de la maniobra que tiene a De Vido en la mira judicial

21 julio, 2015

Roberto Dromi, el autor intelectual de la maniobra que pone en vilo al Ministro Julio De Vido



Roberto Dromi, el ideólogo del traspie de Julio De Vido

El negocio de importación de Gas Natural Licuado (GNL) que está investigando el juez Claudio Bonadio involucra números exorbitantes: la factura del gas que llega por barco para cubrir la faltante de oferta local ascendió hasta los US$ 11.415, 21 millones entre 2010 y 2014, según datos oficiales. La cifra representa alrededor de la tercera parte de las reservas del Banco Central (BCRA). El magistrado ordenó la semana pasada un operativo para requerir información en las oficinas de YPF, el Ministerio de Planificación y Enarsa, la empresa estatal de energía. En concreto, Bonadio quiere saber si se pagaron coimas y sobrecostos durante la compra de cargamentos de GNL. La Argentina puso en marcha su primera terminal regasificadora durante el invierno de 2008. La planta está ubicada en el muelle de la empresa petroquímica MEGA, en Bahía Blanca. Cuatro años más tarde se sumó una segunda terminal en Escobar. En conjunto, procesan hasta 30% del gas que se consume en los días de frío. En la práctica, la operatoria del sistema requirió el arribo de entre sesenta y cien barcos de GNL por año desde 2011 a la fecha. El costo por carga oscila entre los treinta y cuarenta millones de dólares. Como las tarifas residenciales se mantuvieron congeladas durante más de diez años, la mayor parte de ese valor corrió por cuenta del Tesoro Nacional en forma de subsidios.

La importación de GNL estuvo desde ese año y hasta fines de 2012 en cabeza de Enarsa por decisión del ministro de Planificación, Julio De Vido. El arquitecto del marco regulatorio del negocio fue Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas del menemismo e ideólogo de las privatizaciones de los ’90. Especialista en derecho administrativo, Dromi constituyó una serie de sociedades que brindaron servicios de consultoría a Enarsa y los proveedores de GNL, como la española Gas Natural Fenosa. Ese modus operandi se mantuvo invariable por cuatro años: Enarsa invitaba a determinadas empresas –definidas por Roberto Baratta, mano derecha de De Vido en Planificación– a cotizar por los cargamentos de gas. A pesar de los reiterados pedidos de información pública, los contratos firmados nunca salieron a la luz. El esquema se modificó en noviembre de 2012, cuando Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, ordenó transferir la compra de GNL bajo la órbita de YPF, reestatizada en mayo de ese mismo año. Lo hizo con la sospecha de que Enarsa había pagado sobrecostos en importación de gas e incluso abonado adelantos millonarios por cargamentos que nunca llegaron. En los pasillos de la compañía estatal aún se habla, en ese sentido, de la contratación del Perla Negra, el barco de GNL que se habría pagado parcialmente sin que arribara nunca a destino.

http://diariopolitica.com/roberto-dromi-el-inventor-de-la-maniobra-que-tiene-a-de-vido-en-la-mira-judicial/

5.- Los miles de mails que preocupan en Planificación

Política miércoles 11 de noviembre 2015

Omar Lavieri

Por: Omar Lavieri olavieri@infobae.com

Desde mediados de octubre y por orden del juez Bonadio, los policías de Cibercrimen de la Metropolitana copian correos electrónicos de personas vinculadas a millonarias compras de Gas Natural Licuado

La justicia investiga las multimillonarias compras de gas licuado

El juez Claudio Bonadio tiene abierto un expediente que ha generado cierto temor en las oficinas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que encabeza el ministro Julio De Vido. El juez investiga si en las multimillonarias compras de Gas Natural Licuado (GNL) que realizó el Estado nacional para tratar de paliar la crisis energética de estos años, se pagaron sobreprecios o hubo maniobras que involucren a funcionarios públicos. Entre las medidas de prueba ordenadas por el juez se está realizando la copia de los mails de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación que intervino en las importaciones de GNL entre 2008 y 2012. Desde entonces las compras quedaron en manos de YPF. El 4 de noviembre pasado el diario La Nación había publicado un artículo en el que explicaba que la División de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, por orden de Bonadio, estaba copiando los mails enviados y recibidos por Roberto Baratta, uno de los cerebros de la política energética del kirchnerismo y subsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación.

Pero según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, la investigación es mucho más amplia y no sólo se están copiando los mails enviados y recibidos por Baratta entre 2008 y 2012. Los policías de la Metropolitana están realizando back-up de las cuentas de correo electrónico de Baratta y de otros 26 funcionarios del ministerio de Planificación. Es tan grande la cantidad de información que deben copiar los policías de Cibercrimen que están dedicados a ello desde mediados del mes de octubre y todavía no han finalizado. Los integrantes de la Metropolitana trabajan todos los días de 8 a 22 en la sala de servidores del ministerio de Planificación. Extraen los correos de las 27 personas de interés para el juzgado y cuando se cierra la oficina y se coloca una franja de papel firmada por testigos. Al día siguiente, para abrir la puerta, se quita la franja y comienza de nuevo la tarea. La entrada al lugar está vigilada por una cámara de seguridad y el personal del ministerio-según explican fuentes de la investigación- ha colaborado de manera eficiente y sin ningún cuestionamiento con los expertos de la Metropolitana. Se calcula que la tarea encomendada por Bonadio puede llegar a tardar varios meses. La Justicia analizará los mails que enviaron y recibieron varias personas que –en principio– no están acusadas de ningún delito pero como revistaron en la subsecretaría a cargo de Baratta, el contenido de esos correos es de interés para la investigación judicial. Bonadio solicitó los mails de Juan Larregoyti, Federico Cáceres, Diego Herrera, Carolina Paolucci, Brenda Follis, Juliana Torres, Liliana Damelio, Valeria Aragón, Mariano Nieves, Federico Romano, Hernán Anzelotio, Ricardo Altamirano, Cecilia Irulegui, Lucía Frutos, Alejandro Cottet, Sol De Aubeyzon, Analía Fernández, Mariana Marusso, Paola Barbota, Valentina Romano, Natalia Bard, Micaela Iglesias, Alejandro Furlani; Valeria Acorroni, María Eugenia Risso Patrón y Micaela Iglesias.

El juez solo puede utilizar la información referida a las compras de GNL que halle en los cientos de miles de mails. Si-como sucedió en el caso de los mails del testaferro de Ricardo Jaime en la causa por enriquecimiento ilícito- se llegara a detectar en los correos electrónicos otro posible delito, Bonadio debe denunciarlo y mandar a sorteo el hipotético nuevo caso para que lo investigue otro juez. El caso del GNL comenzó a partir de una denuncia realizada por los legisladores del PRO Federico Pinedo, Laura Alonso y Patricia Bullrich en 2014. Presentaron la denuncia luego de una nota de La Nación al ex ministro menemista Roberto Dromi, quien aseguró haber asesorado a De Vido en Planificación. Como en aquel reportaje Dromi habló de las operaciones de compra de los barcos cargados de GNL –a las que conocía muy bien porque era intermediario de la empresa española Gas Natural Fenosa en su venta de combustible a la Argentina– y deslizó ciertas críticas a cómo las estaba haciendo YPF desde 2012, los diputados pidieron que se investigue el caso. Dese las oficinas de Baratta se gestionaban las millonarias compras de GNL que, sin embargo eran pagadas por la petrolera estatal Enarsa. El juez ordenó allanamientos en Planificación, YPF y Enarsa y ahora está acopiando los mails. Por ahora la causa está en la etapa de reunión de las pruebas. Pero el avance del expediente tiene en vilo a más de uno.

http://www.infobae.com/2015/11/11/1768844-los-miles-mails-que-preocupan-planificacion/