306 - El misterioso "Gaita"

1.- El misterioso "Gaita", posible vínculo entre el contrabando y Echegaray

Investigación de Clarín

Sería quien manejaba el depósito fiscal dónde se abrían la mayoría de los contenedores de Negro y Tata. Allí se cobrarían coimas de hasta 10.000 dólares por cada una de las cargas de esta red de contrabando.

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Sergio Gonzáles y Jorge Lambiris, en el aeropuerto de Río de Janeiro al momento de agredir a un equipo de Telenoche que los sorprendió junto a Ricardo Echegaray.

“12 de noviembre: Tata arregló con Maxi de TCT rendir de estos 9 contenedores (10/11 al 13/11) al GAITA solo 8 contenedores y rendirle a él la mitad de un contenedor: US$ 2.500. Tata arregló que del contenedor de Osqui, que es de 20 (pies), le rendimos al GAITA US$ 3.000 y a Aduana US$ 3.500.” 

Esta cita del “diario” de operaciones de la organización de los hermanos Miguel “Negro” y Alejandro “Tata” Paolantonio es la más generosa en cuanto a referencias que permitan investigar no solo la existencia de coimas sino los posibles vínculos entre el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y estas maniobras de contrabando a gran escala. El posible nexo hacia el poderoso ex funcionario kirchnerista, ahora titular de la Auditoría, sería el misterioso “GAITA”, que siempre aparece escrito con mayúsculas, clara señal de su importancia en esta saga.

Fragmento del diario de los Paolantonio que hace referencia al Gaita

En el documento obtenido por Clarín se relata que cerca del 10 de julio de 2014 “nos frenaron las entregas por un problema interno”, pero a la semana aclara que “el Negro habló con el GAITA y nos deja sacar 1 x día”. El personaje clave, de nuevo mencionado en el diario. Miguel Paloantonio debía hablar con el Gaita para destrabar cualquier escollo en el ducto del contrabando. El enigmático “Gaita”, sin duda, es quien llevaba la voz cantante dentro de TCT (Terminal Carga Tigre SA), el depósito fiscal ubicado a pocas cuadras de Panamericana y Ruta 197 al cual llegaron la mayoría de los contenedores de los hermanos Paolantonio, para terminar allí los trámites aduaneros, ser abiertos y enviar la carga al mercado. La contabilidad interna de esta organización confirma que –tal como dice la cita del primer párrafo- el 10 de noviembre de 2014 ingresaron a ese lugar 9 contenedores repletos de contrabando. Había 4 de Tx2 (Todo por dos pesos), 3 de Rol (Rollos de tela), 1 de ROP (indumentaria) y 1 de REP (Repuestos). Este último era el del cliente llamado Osqui, que por ser más chico pagaría solo 6.500 dólares (a dividir entre el Gaita y la Aduana), en vez de los 10.000 u 10.500 dólares que había que dejar por las latas de 40 pies de largo. La salida de la carga de TCT se produjo entre el 11 y el 14 de noviembre. La llevaron los camiones de Transportes DTM, la firma pantalla de Negro y Tata. Este viernes a última hora, TCT fue clausurado por tres días hábiles por supuestos problemas de infraestructura. En realidad se trataría de una excusa antes de la embestida final contra ese depósito por parte de la nueva conducción de la Aduana, a cargo del ex militar Juan José Gómez Centurión. En el organismo sospechan que el enigmático “Gaita” podría llegar a ser Sergio González, apodado “el Pelado”, pero también conocido en el medio aduanero como “el Gallego”. Si esto llegara a confirmarse sería un dato lapidario para Echegaray, que no podría disimular que estaba al tanto de la existencia de estas operaciones ilegales, desarrolladas a las narices de la Aduana. 

Sucede que Echegaray conoce a González desde hace casi 20 años, de cuando uno trabajaba en la Aduana de Río Gallegos y el otro primero en ELMA y luego en la naviera Ultramar. Son amigos y han corrido hasta maratones juntos. Peor todavía: el Pelado –que es dueño de varios depósitos fiscales y de una empresa que se encarga de poner precintos electrónicos a los contenedores-, fue uno de los agresores de un equipo periodístico de Telenoche que sorprendió a Echegaray en Río de Janeiro, celebrando el año nuevo 2014 junto a dos de sus amigos más íntimos, el mencionado González y Jorge “el Uruguayo” Lambiris, otro empresario dedicado al negocio del bagayeo, que a partir de ser reconocido habría tenido que dar un paso al costado para dejar paso al grupo de Negro y Tata. Existe de todos modos otra hipótesis sobre la verdadera identidad del “Gaita”. Afirma que sería un empresario llamado Luis Alvarez, dueño de New Press, una imprenta de Avellaneda. También aquí los caminos conducen hacia la dupla de amigos Lambiris y Echegaray. Hay constancia de que Alvarez conoce y hasta ha hecho negocios con "El Uruguayo". La publicidad de New Press en el auto de TC del hijo de Lambiris, Mauricio, es uno de ellos. Hasta existe una posible sociedad entre ambos para levantar dos gigantes depósitos fiscales, Censer y Carestiba, en terrenos cedidos por el Mercado Central. De la contabilidad que llevaban Tata y Negro sobre el negocio de los contenedores, por lo prnto, surge que en el depósito TCT de Tigre se efectuaban los mayores pagos en la cadena que facilitaba el ingreso de mercadería prohibida al país: unos 5.000 dólares por contenedor de 40 pies para el “Gaita” y otros tantos que alimentaban a los altos mandos de la Aduana, que dependían de Echegaray. En los papeles, esa empresa creada en 2011 pertenece a Horacio Norberto Palmieri, “el Cholo”, un mediocampista de Boca en la década de los 70 y ex dirigente del club. Desde setiembre de 2013, sin embargo, su presidente formal es Maximiliano Montero. 

Quizás se trate del mismo “Maxi” citado al principio de este artículo, en el diario de los Paolantonio. Quizás pueda ser él quien devele el misterio sobre la identidad del "Gaita".

Clarin.com - 
Política  
22/05/16 - 
Matías Longoni

http://www.clarin.com/politica/misterioso-Gaita-posible-contrabando-Echegaray_0_1580242189.html

2.- Aduana: Un organismo plagado de irregularidades

El organismo hizo un muestreo con 200 contenedores no reclamados en puertos y depósitos y halló textiles mal declarados; idéntica situación sería la de entre 3500 y 4000 contenedores que permanecen huérfanos.

Siempre hubo corrupción en la Aduana. Todo operador privado lo sabe. Y prácticamente ningún despachante de aduana puede negar haber pagado al menos una vez para agilizar los trámites, para que no se trabe una operación, para dormir un expediente. La potestad del verificador aduanero es así: directamente proporcional al grado de su arbitrariedad. El juego de la autoridad con la desesperación del administrado corre por todas las dependencias del Estado. Lo que encontró el nuevo Gobierno al frente del comercio exterior fue la institucionalización de la corrupción en un vasto corredor que va desde la Aduana hasta la Secretaría de Comercio, con tarifarios de todo tipo: desde los ROE para exportar hasta las demoras para retirar un contenedor de importación, pasando por la obtención de una DJAI y hasta la liberación de un buque granelero: se le pide directamente plata al capitán (que es extranjero, y representa a un armador extranjero) para tener permiso de abandonar el muelle. Es conocido que en la Secretaría de Comercio se manejaron porcentajes de entre el 10 y 15 por ciento de comisión sobre el valor declarado para obtener una DJAI que no salía. Cuando en la Argentina estaban por completo prohibida la importación de textiles, en la calle y en los locales no se percibía la restricción.

La Nacion reconstruyó los últimos años de operación con despachantes de aduana, abogados especialistas en derecho aduanero, operadores de depósitos fiscales y terminales portuarias y fuentes oficiales. Las coincidencias son asombrosas. El off the record es total: de alguna manera, todos trabajaron en la irregularidad porque la otra alternativa era dejar de operar. Las fuentes coinciden en que gestores e intermediarios lograban todo en la era K, la DJAI era el servicio básico; luego estaba el all inclusive: por un pago de entre 50.000 a 100.000 dólares, un contenedor entero de 40 pies en la puerta de un depósito fiscal. Todo cambió. Un contenedor de textiles, desde Asia, puede tardar entre 40 y 60 días, sumando viajes y trámites. El nuevo Gobierno sorprendió a una cantidad enorme de contenedores bajo este régimen informal: huérfanos. Nadie los fue a retirar ni los nacionalizó. ¿La razón? Inconsistencia absoluta entre lo declarado y su contenido, verificable inmediatamente por el peso. Cuando Juan José Gómez Centurión asumió al frente de la Aduana con el mandato directo del presidente Mauricio Macri de "ordenar" la casa lo primero que hizo fue ir a ver los contenedores que estaban en el puerto. Qué se declaró. Qué peso tenían. A los que tenían menos del 40% del peso del contenedor los mandó a canal rojo. Eran textiles, mal declarados. Dos meses más tarde, en marzo, los contenedores seguían ahí. Coincidió, justo, en marzo, cuando comenzaron a desaparecer los manteros de las principales avenidas de la Ciudad. El no reclamo de un contenedor (la no nacionalización) por el cual se giraron divisas por la mercadería, se pagó el flete marítimo y terrestre, a un agente y hasta a un depósito fiscal es llamativo de por sí. La Aduana encaró una auditoría profunda, en puertos y depósitos fiscales. Una auditoría a la que todo el sector se desacostumbró. En poco más de cinco meses procedió a quitarle el permiso a varios depósitos fiscales, reformuló por completo el proceso de habilitación de nuevos predios y exigió nuevos cumplimientos a los que ya operan so pena de quitarles el permiso también. Luego se procedió a una reestructuración completa del organismo, restituyendo poder al área de control, creando nuevas regiones y reunificando la aduana metropolitana (partida en dos por la administración anterior).

Auditoría

"Tomamos una muestra de 200 contenedores en puertos y depósitos fiscales que fueron abiertos y revisados con mercadería sin nacionalizar. Tenían un peso declarado de 886 toneladas y pesaban 2000. Eran productos textiles pero declararon flores de plástico entre otros. 

Sólo la diferencia de aforo asciende a US$ 10,7 millones, que es lo que tendrían que pagar si aparece el consignatario a nacionalizar", indicaron a la nacion desde la Aduana. Esta muestra es lo suficientemente representativa de los contenedores sin dueño que sumarían entre 3500 y 4000, sobre todo cargados de productos textiles. 

Así se operó cuando en la Argentina se instrumentó el cepo a las importaciones. El negocio textil, además, no paraba de beneficiarse: amparados en que oficialmente era imposible traer mercadería, se abonó con tesón la idea de una restricción de la oferta (que justificaba precios exacerbados). 

En realidad, los productos entraban a valor internacional. La ganancia fue fastuosa. ¿Por qué no se reclaman esos contenedores? "El interior no coincide con lo declarado y se cortó la estructura de contención en la Aduana con la nueva administración", coinciden las fuentes consultadas. 

El cierre de depósitos fiscales (en muchos había contenedores huérfanos) forzó a estos importadores -que comúnmente recurren a testaferros como consignatarios- a dar la cara. Pero la irregularidad evidencia otra connivencia: la del permisionario privado con el funcionario aduanero, que "verifica y controla". La auditoría de la Aduana sigue su curso. 

Y abarca otro punto oscuro del circuito: los traslados desde los puertos a los depósitos fiscales, todos realizados con precintos electrónicos (ver aparte). "Todos estos movimientos están siendo observados para ver quién documentó, quién transportó, quién es el consignatario. Queremos conocer la cadena integral", agregaron fuentes oficiales. Una inobjetable fuente de la Aduana contó lo siguiente a La Nacion: "Hay 198 depósitos fiscales en el país. Es una patología del sistema. 

El Estado tercerizó en el mercado el control y el cobro de aranceles. Pero en los últimos años se lo pasó a los amigos, que los armaron en lugares donde se favorecen las operaciones de contrabando de la mano de la Aduana: los verificadores que están destinados a estos depósitos fiscales pasan años ahí, y generan una relación con el permisionario. 

Se olvidan que trabajan para el Estado. Cuando se desvirtúa la relación llegan hasta entregar le la clave al permisionario, que desconsolida a las 3 de la mañana, sin la presencia del verificador", indicó. Cuando el contenedor entra en rezago aparecen las inconsistencias y los faltantes. 

"En los últimos años -continuó- desarmaron el área de control de la Aduana, y se la entregaron al área de operación aduanera, que debería ser la controlada", afirmó, tras agregar: "De cada 10 contenedores que entraban a Buenos Aires, 3 lo hacían libres". En los últimos cinco años no se registra ni una sola sentencia de contrabando en los juzgados en lo Penal Económico.

Situación

En rigor esa mercadería oculta en esos contenedores no entró al país. Es como si estuviera en el mar todavía. Por lo tanto, no se incurrió en contrabando. Si el funcionario aduanero abre el contenedor y da el "ok" con lo declarado, lo cierra y listo. "Las mercaderías están a nombre de empresas fantasmas, usinas armadas para facturar, para bancarizar coimas. No tienen movimiento ni capacidad económica. No están en la base de apócrifos de la AFIP. Pero los nombres de estos consignatarios están en los manifiestos de importación. El contenedor está. Es toda información que tiene la Aduana", indicó un abogado aduanero.

Dilemas

Operar legalmente en comercio exterior enfrenta varios dilemas. Y a muchos costos. Con la proliferación de cepos y de normas crecieron los gestores. Y la panacea de la operación por izquierda se consumó por ser más rápida y más barata que soportar la aplicación de multas millonarias por fallas formales o por sufrir a contrarreloj un viernes a la tarde con el vencimiento de un forzoso, que hace que el importador ceda y mande al despachante a arreglar con el aduanero. "Son los quioscos. Siempre existieron tarifas. El kirchnerismo no las inventó, las aumentó", sintetizó un despachante. 

Se "bagayeó" con empresas fantasmas que tenían DJAI aprobadas para un producto pero luego el contenedor traía otra cosa, textiles casi siempre: se pagaba por kilo a la organización (permisionario y aduanero) puesto en la puerta del depósito. Incluso, si no se optaba por traer "cualquier cosa" y pagar US$ 100.000 por contenedor de 40 pies se podía recurrir al régimen de mudanzas internacionales: "Hasta te decían (en Aduana) en qué depósito de Miami consolidar. Podías traer línea blanca, muebles, de todo con las mudanceras", añadió. 

Esto pasa con contenedores marítimos. Pero Ezeiza no es una excepción: "Ahí sacan la plata, los viernes, en camiones de caudales. Son millones por día y (el funcionario de) la línea sube la plata. Se recauda plata con lo que está bien, no con lo que está mal. Antes, en TCA, los despachos salían en el día y había un sistema automático. Ahora para verificar tenés que poner 1000 pesos o te tardan una semana", amplió el despachante. 

Si el aduanero es honesto tiene que cobrar multas que van de 1 a 5 veces el valor de la mercadería por cualquier irregularidad. Y ahí es donde se invierte la relación y es el privado el que tienta al funcionario. El Supara, el sindicato del personal aduanero, tiene un convenio colectivo muy fuerte. Difícil es que la autoridad eche del organismo a un verificador. Simplemente lo reubica. Un circuito crónico y sistemático. 

Esta semana se cumplen los plazos para retirar los contenedores de los depósitos fiscales deshabilitados. Recién ahora se va a saber qué había adentro. Recién ahora se podrá confirmar la sospecha de que la administración del comercio exterior fue, en realidad, la administración de caja para la política y para los amigos. Depósitos que perdieron la habilitación y precintos electrónicos bajo la lupa

Emiliano Galli. Una de las primeras medidas resonantes tomada por la nueva Aduana fue quitarle la habilitación a varios depósitos fiscales. Y el próximo paso que tomará será el de la revisión absoluta de los precintos electrónicos utilizados para monitorear tránsitos y traslados entre aduanas, los primeros, y entre puertos y depósitos fiscales los segundos. 

Durante su gestión, Echegaray dispuso acelerar la implementación de los precintos electrónicos de monitoreo aduanero (PEMA). Dispuso por la resolución 2889/10 la obligatoriedad de instalarlos e informó un cronograma por rutas. Si bien aparecen cinco prestadores de los PEMA, el mercado sabe que son sólo dos diferenciados los dueños: Saetech (propiedad de Miguel Pascucci, histórico presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales), y RSI Group, de uno de los amigos del sur de Ricardo Echegaray: Sergio González (quien también sería dueño de las otras tres prestadoras). En la distribución, Saetech se quedó con las rutas entre puertos y depósitos fiscales, mientras que RSI tiene todos los demás tránsitos en el país. 

Pero apareció una nueva empresa, Dixtra, que "distribuía" las operaciones entre Saetech y RSI, un intermediario que cobraba el 25%. Luego desapareció. Las tarifas, por precinto, podían oscilar entre 60 y 70 dólares. Cuando Echegaray dispuso la división de la aduana metropolitana en dos, había recorridos de pocas cuadras que debían pagar por el servicio. González no es el único amigo de Echegaray en el negocio. 

El otro es Jorge Lambiris, vinculado a varios depósitos fiscales, entre ellos, Carestiba, ubicado en el Mercado Central. Las auditorías recientes de la aduana en depósitos fiscales revelaron inconsistencias e irregularidades que terminaron por quitarles el permiso operativo. 

En sus investigaciones sobre "bagayeo" en los últimos años quedaron en la mira varios operadores: los depósitos fiscales Lo Primo II (de Miguel Pascucci) y Carestiba (Lambiris) y los prestatarios de servicios de precintos electrónicos Saetech (Pascucci) y RSI (González). 

La Auditoría General de la Nación (AGN) revisó operaciones y actores entre 2012 y 2013, entre cuyas conclusiones se destaca que los datos extraídos de los precintos de RSI "no coincidían" ni con la base de datos de AFIP y "diferencias en el trayecto realizado y los puntos almacenados en el registro", entre otras observaciones.

El inexorable camino hacia la recuperación del control total

Emiliano Galli. El dogma de los 90 -"todo servicio que presta el Estado y pueda ser brindado por un privado se privatiza"- en los 2000 pasó a ser el "capitalismo de amigos" y ya promediando la actual década se vuelve a invertir el orden para "devolverle al Estado todo servicio que, pudiendo ser brindado por un privado, resulta esencial en materia de control esté en manos del Estado". 

Estos son los parámetros que se están dando en el comercio exterior, sobre todo, en materia de depósitos fiscales, tal como se cuenta en la nota central de este suplemento: los depósitos fiscales fueron entregados a manos amigas, el área de control aduanero fue desmadrado y las prácticas irregulares proliferaron por todas partes. Esta semana se cumplen los 60 días del "plan barrido" al que debían llegar los depósitos fiscales que perdieron la potestad para operar como permisionarios del servicio aduanero. 

Los contenedores serán removidos a instalaciones fiscales y allí se procederá, seguramente, a su remate. Los cambios que la nueva Aduana introduce vertiginosamente tienen la misma temeridad de David enfrentando a Goliat. Este año, la institución que es más vieja que la República cumple 430 años. 

Lo que caracterizó la última década fue la incorporación sin pausa de nuevas tecnologías. Como sucede en toda innovación, quien introduce la novedad domina el conocimiento y, en el caso de la Aduana, el manejo de toda la tecnología propició la digitación de los controles -por inteligentes que fueran- entre amigos y extraños. 

La Aduana estudia nuevas normativas que obligarán a un conocimiento exhaustivo de las sociedades que se presenten para operar un depósito fiscal. Además, los contenedores que ingresen deberán ser pesados contra entrega de un ticket fiscal. El inventario de los depósitos deberá estar on line con la Aduana. A esta revisión integral de la acción con los depósitos le seguirá la revisión al hueso del mercado de los precintos electrónicos de monitoreo. 

Este mercado, dominado hoy por dos empresas se abrirá y se les exigirá a los prestatarios que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la Aduana, que deberá poder ver todo en el CUMA. Primero, se abrirá el mercado para poder monitorear el tránsito de barcazas y de camiones entre fronteras. 

En una segunda instancia será el turno de los traslados entre puertos y depósitos. Todo esto será hasta que la Aduana esté en condiciones de ofrecer su propio servicio de precintos. Y así el Estado recupera el control total de movimientos sensibles en épocas de contrabando y narcotráfico.

Las noticias reproducidas aquí no representan necesariamente la opinión de CADIEEL. Se trata de un servicio que releva, reproduce y difunde las noticias más relevantes referidas a la actividad económica y el ámbito industrial.

Emiliano Galli - 
La Nación. - 
17/05/2016 | 
Capacitación

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