1.- Complica más a Camioneros el caso de los remedios
El juez Bonadio descubrió otros comprobantes que supone falsos
La Justicia amplió las sospechas sobre la obra social del gremio de los camioneros , que maneja el líder de la CGT, Hugo Moyano, al detectar 183 comprobantes de remedios contra el cáncer supuestamente falsos con los que se cobraron reintegros del Estado. Además, se puso la mira sobre dos nuevos proveedores de los medicamentos.
La familia ahora exime de culpas al líder sindical. Con esos indicios, el juez federal Claudio Bonadio volverá a indagar a partir de hoy al dueño de la droguería Urbana, Marcos Hendler , principal proveedora de medicamentos de Camioneros. También interrogará como sospechosos a dos auditores médicos de esa obra social: Daniel Lombardero, mañana, y Eduardo Szwarcer, el lunes 13, por la firma de expedientes mediante los cuales se pedía a la Administración de Programas Especiales (APE) que se les reintegrara lo gastado en el medicamento Erbitux contra el cáncer.
El cronograma de indagatorias continuará la semana próxima con las explicaciones que debe dar el ex director de la APE Juan Antonio Rinaldi, un funcionario que respondía a Moyano hasta que llegó al organismo y se convirtió en colaborador de Graciela Ocaña, entonces ministra de Salud. También será interrogada otra funcionaria de la APE, Silvia Córdoba.
En sus investigaciones, el juez determinó que Hendler no fue el único proveedor de la obra social de los camioneros. Detectó que el gremio también compró Erbitux, un medicamento contra el cáncer, de laboratorios Merck, a las empresas Prevent S.A y Satélite SRL.
Por eso citó a prestar declaración indagatoria como sospechosos a los titulares de esas droguerías: Luis Somoza, de Prevent SRL, y Javier López, de Satélite SA. Deberán presentarse el 21 y 22 de este mes, respectivamente.
El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, fue notificado de estas citaciones a prestar declaración indagatoria para que esté presente por si quiere hacer preguntas para defender los intereses de su cliente, imputado en la causa.
Bonadio, según le indicó la Cámara Federal, se adentró en tres expedientes de la APE correspondientes a tres pacientes: Omar Martínez, José Artuzzi y Elsa Toledo. Involucran en total 183 troqueles de Erbitux sobre los que el gremio reclamó reintegros. Un nuevo peritaje realizado hace tres semanas estableció que esos troqueles no se corresponden con los de la caja del remedio, importada de Alemania.
Para cobrar los reintegros hay que presentar en la APE un expediente con la historia clínica de cada paciente y el troquel del remedio que se le suministró. Los camaristas federales escribieron que la sospecha es que no se entregaban cajas con medicamentos, sino solamente los troqueles para adjuntarlos a los expedientes.
El juez Bonadio venía investigando a la obra social de camioneros desde hace tres años. Durante sus averiguaciones puso la lupa sobre los reintegros que cobra la obra social sindical por la provisión de costosos medicamentos para el cáncer. Pero también lo investiga, merced a la denuncia de la ex ministra Ocaña, por supuesta administración infiel de los bienes de sus afiliados, debido a la red de empresas privadas, ligadas a la familia del líder de la CGT, que le brindan servicios a la obra social de camioneros.
Los troqueles falsos
Con respecto a los medicamentos, el magistrado avanzó y llegó a establecer que esta práctica de recibir dinero del Estado contra la presentación de comprobantes apócrifos ya se había realizado en al menos 200 casos, con el mismo medicamento, Erbitux. Primero se realizó un peritaje sobre esos troqueles presentados en los expedientes de la APE correspondientes a cuatro pacientes y se determinó que eran apócrifos. Ahora se amplió a otros pacientes.
Los peritajes se efectuaron con técnicos del laboratorio Merck que trajeron desde Alemania las cajas originales de Erbitux para compararlas con las que estaban adjuntadas en la causa. Comprobaron que en los troqueles presentados por los camioneros en los expedientes APE, la tipografía, el espacio entre las letras, la manera en que estaban impresos los códigos de barras, la calidad del cartón y la tinta usada "no se correspondían" con los originales.
Por eso Bonadio procesó en ese momento a Hendler como proveedor de los troqueles. Se apoyó en una escucha telefónica donde el dueño de Urbana dialoga con una empleada de otra droguería y explora sobre la posibilidad de imprimir troqueles adulterados para la obra social del gremio de Moyano.
El juez procesó también al auditor médico de la obra social sindical Daniel Lombardero, que tramitó el reintegro de dinero por remedios oncológicos con comprobantes apócrifos, y a Hugo Sola, gerente de Prestaciones de la APE. La Cámara Federal confirmó el 16 de mayo pasado las sospechas de fraude y los camaristas de la Sala II del tribunal, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificaron de ese modo toda la investigación de Bonadio y los procesamientos.
El fallo puso en una situación complicada al líder de la CGT, ya que la firma de Moyano, como presidente de la obra social, rubrica cada uno de los legajos presentados ante la APE para cobrar los reintegros, junto con los dudosos troqueles.
Los camaristas le indicaron a Bonadio que avanzara con los otros 200 expedientes APE que tiene secuestrados. Tras regresar de una licencia de dos semanas, así lo hizo, y ahora dispuso las nuevas indagatorias. Carlos Arslanian, abogado de Hendler, explicó que su cliente está tranquilo, a pesar de que está procesado dos veces (una en esta causa y otra en otro caso contra Moyano a cargo del juez Norberto Oyarbide) y que los peritajes no dijeron que los troqueles eran falsos, sino que "no se correspondían con los originales".
Los reintegros. Se sospecha que la obra social de Camioneros, como otras bajo investigación, cobraba reintegros del Estado por tratamientos de alta complejidad.
Los troqueles. El juez Bonadio incorporó a la investigación 183 troqueles (de medicamentos) que podrían ser falsos.
Proveedores. Además, investigará a otras dos droguerías que operaban con la obra social de Moyano.
LA MANIOBRA
Varios implicados . El fraude con medicamentos falsos o vencidos complicó a una gran cantidad de obras sociales sindicales, que usaban comprobantes apócrifos para cobrar reintegros indebidos del Estado. El primer implicado por el jefe de los bancarios, Juan José Zanola, que está preso desde hace más de un año. También por estas maniobras estuvo preso casi dos días el duhaldista Gerónimo Venegas, de los peones rurales. Las complicaciones de Moyano .
El jefe de la CGT niega toda participación en la maniobra, pero una gran cantidad de expedientes que llevan su firma están siendo investigados por la Justicia ante la sospecha de que se usaron para cobrar indebidamente subsidios estatales. Dos causas .
Hay dos investigaciones en las que está implicado Moyano y ambas fueron ratificadas por la Cámara Federal. En una lo investiga Norberto Oyarbide; en otra, Claudio Bonadio. En ninguna de las dos está procesado ni fue citado a declarar. Los indicios .
La complicación para Moyano aparece a raíz de una gran cantidad de troqueles de medicamentos al parecer apócrifos que fueron presentados para reclamar los reintegros. Además, el proveedor de la obra social de los camioneros está procesado. La principal prueba en su contra es una escucha telefónica, en la que habla de conseguir troqueles falsos para uso de Camioneros.
Fecha: Miércoles 08 de junio de 2011 -
Por: Hernán Cappiello
Fuente: LA NACION
http://www.lanacion.com.ar/1379767-cont-amplian-la-investigacion-a-moyano
2.- Remedios truchos: un regalo de fin de año para Moyano
Es por un supuesto fraude de la obra social al Estado. El sindicalista nunca debió ir a declarar. Los expedientes investigados tienen su firma.
El último día hábil de 2012, el juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral la causa en la que investigaba si la obra social del Sindicato de Choferes de Camiones cometió un fraude al Estado. Así lo informó el juzgado por cédula a las defensas de los acusados.
Sin embargo, aunque el secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, es la principal autoridad de la obra social y puso su firma en todos los expedientes investigados, el magistrado elevó la causa a juicio sin citar al líder camionero a dar explicaciones.
Bonadío apunta a los procesados en la causa, todos vinculados directamente con la obra social y con Moyano. Se trata de Juan Rinaldi, ex titular de la Administración de Programas Especiales (APE) y abogado de Moyano, a quien acusa de haber reintegrado dinero a la obra social en varios expedientes donde se presentaron troqueles falsificados de un medicamento de alto costo: Erbitux.
Otro de los señalados es el empresario Marcos Hendler, dueño de la droguería que provee medicamentos a Camioneros. Luis Alberto Somoza, de la droguería Prevent, y Javier López, de la droguería Satélite, también están acusados. Bonadío procesó a Roberto Nieto, administrador general de la Obra Social de Choferes Camioneros, y a los auditores médicos: Guillermo Lombardero y Eduardo Szwarcer. Para el juez, los farmacéuticos sabían que los troqueles eran falsos, y el administrador general tendría que haber tomado medidas para cerciorarse sobre la legitimidad de los troqueles.
Bonadío también procesó a quien sucedió a Rinaldi en su cargo, Hugo Solá, también vinculado a Moyano. Es que, antes de pelearse con el Gobierno, el camionero manejaba ese organismo por concesión de los K. Los expedientes investigados en la causa son una serie de informes que la obra social envió a APE, el organismo que se encargaba de administrar los fondos de las obras sociales, que contendrían troqueles falsos.
La principal prueba en contra de los acusados es una pericia de los troqueles, que habría comprobado que el cartón utilizado es de origen nacional, cuando el original es fabricado en el exterior. También, la causa cuenta con una escucha telefónica en la que uno de los procesados pide 19 troqueles falsos a una droguería porque “Camioneros perdió” los originales y necesitaban los comprobantes para cobrar.
El total de la defraudación determinada por Bonadio sería de alrededor de 300 mil pesos. La estrategia de Moyano fue desligar la responsabilidad en la droguería que le vendió los medicamentos, pero en la escucha telefónica el proveedor solicita los troqueles en nombre de la obra social.
En el entorno de Hendler lo niegan y explican que la droguería no necesita cobrar los reintegros. “Los troqueles fueron proveídos por la droguería. la obra social recibió las facturas comerciales de esos remedios con los troqueles adheridos a la factura. Esos mismos troqueles son los que se utilizaron en los expedientes presentados al APE”, dijeron a este diario en el entorno de Moyano.
El abogado de Hendler, León Arslanian, pidió realizar una nueva pericia de los troqueles.
Por Emilia Delfino |
Fecha: 26/01/2013 | 04:58
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/ediciones/politica/-20131-748-0036.html
3.- Dos expedientes en punto muerto: medicamentos “truchos” y triple crimen de Gral. Rodríguez
CUANDO EL DINERO Y LA POLÍTICA COMPRAN VOLUNTADES
A medida que pasan los meses, tanto la investigación por la denominada mafia de los medicamentos como el triple crimen de General Rodríguez, han ido perdiendo impulso, a fuerza de la presión que diversos “intermediarios” oficiales han comenzado a ejercer cada vez de manera más violenta.
Desde este medio se ha aportado evidencia más que suficiente para que esos expedientes lleguen a buen puerto; sin embargo, el poder político ha sabido utilizar oportuna presión para que no avancen.
La situación ha llegado a tal absurdo que los mismos involucrados en la trama de los remedios “truchos” terminaron asesorando a los familiares de los fallecidos por el triple crimen. Por caso, el abogado Rubén Ramírez, quien se muestra hoy como asesor de Sollange Bellone, fue el soporte jurídico de su marido, el fallecido Sebastián Forza.
“Ramírez asesoró a este en la venta de Megfarm y estaba al tanto de toda la operativa de la efedrina y los medicamentos, asesorándolo en los asuntos jurídicos, de escribanos, y con el tema de los cheques y sociedades”, admitió a este periódico un ex socio de Forza con gran temor.
Independientemente de ello, Ramírez debería explicar cómo es que actualmente aparece como dueño—junto con su esposa— de la farmacia que perteneció a Forza, ubicada en Viamonte 1483. No casualmente, allí aparece también la sombra de Marcos Hendler, titular de la sospechada Droguería Urbana y testaferro de Hugo Moyano.
Como puede verse, los negocios han sido más importantes que la búsqueda de la verdad. No es algo azaroso: el dinero que han logrado colectar muchos de los que se han involucrado en la venta de fármacos adulterados, suma varios millones de pesos.
Parte de ese dinero, es el que hoy compra las voluntades más insospechadas. Según relevantes fuentes judiciales, casi todos los abogados que aparecen relacionados al expediente de los remedios “truchos” y el triple crimen, han negociado para avanzar solo hasta cierto nivel de responsabilidades. Obviamente sin salpicar a los peces gordos.
“Hay una excarcelación, la de (Alfredo) Abraham, detenido en febrero de 2009 si mal no recuerdo, en la que se negoció plata grande. Pierri estuvo detrás de Alfredo Sobrino (el abogado que lo defiende en la causa de encubrimiento, de Morón), e hizo el contacto con (el juez Federico) Faggionato Márquez”, admitió el informante.
Respecto a Pierri, hay un dato que ha pasado casi desapercibido. Tiene que ver con la decisión tomada por la Cámara de Morón, que revocó su sobreseimiento y elevó a juicio el expediente que lo investiga por supuestas presiones a un damnificado en la causa contra el sacerdote Julio Grassi.
Concluyendo
Mientras estas líneas terminan de escribirse, un peritaje recibido hoy por la Justicia complicó la situación del titular de la CGT y del Gremio de Camioneros, Hugo Moyano, en la causa por los remedios adulterados. El estudio determinó que son "apócrifos" los troqueles presentados por la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) para reclamar reintegros de dinero ante la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud.
En fin, con expedientes que se encuentran en manos de una justicia cómplice, con abogados corruptos y la presión del poder político, no hay mucho más por hacer para esclarecer semejantes hechos.
Por: Christian Sanz
Fuente: Tomado de Tribuna de periodistas
http://yacarepagua.blogspot.com.ar/2010/11/dos-expedientes-en-punto-muerto.html
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