1.- La Cámpora avanza sobre las últimas áreas de influencia de Boudou
Clarin.com - Política - 22/09/13
Desgaste. Amado Boudou, en una sesión del Senado. Es el funcionario con peor imagen del kirchnerismo./ARCHIVO. Nicolás Wiñazki
Amado Boudou tiene un nuevo enemigo político declarado: es Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta, jefe de la agrupación juvenil K, La Cámpora. El vicepresidente sufre por estos días el asedio de funcionarios “camporistas” en los últimos dos organismos estatales en los que aun mantenía influencia: la Casa de Moneda, manejada por una de sus amigas, Katya Daura; y el Correo Argentino, presidido por otro de sus subordinados, Juan Claudio Tristán. Los militantes que la cúpula de La Cámpora designó como autoridades de esos dos entes lideran “levantamientos” internos contra sus jefes, que complican la gestión, reconstruyó Clarín en base a fuentes oficiales.
El poder de Boudou entró en declive.
Fue marginado por Olivos debido a su situación judicial en la causa Ciccone, en la que está imputado por enriquecimiento ilítico y negociaciones incompatibles con la función pública. En la Casa de Moneda, Daura debió relegar sus espacios de hegemonía frente al avance de su segundo, el “camporista” Esteban Kiper, con quien confronta de manera diaria. La interna entre ellos escaló de tal modo que afecta a la producción de billetes. La Casa de Moneda no puede cumplir entonces con su objetivo primario: abastecer la demanda de dinero del Banco Central, cada vez mayor. El funcionamiento de al menos tres gerencias de la Casa de Moneda se vio además afectado por las internas: son las de Recursos Humanos, Planificación y, la más importante de todas, la de Producción. Quien manejaba esta última gerencia, el ingeniero Enrique Saliva, fue desplazado. Saliva era leal a Daura. Conoce la trastienda de la trama del caso Ciccone porque participó de esa dinámica que mezcló intereses públicos con privados. El conflicto entre Daura y Kiper –de Boudou con Máximo– profundiza el caos en la Casa de Moneda. El organismo está hoy custodiado por la Policía Federal, por ejemplo, porque el gremio UPCN inició una embestida contra el otro sindicato de “la Casa”: la Asociación del Personal de Economía y Hacienda.
¿La dirigencia siempre oficialista de UPCN actuaría de ese modo sin el apoyo de las autoridades de la Casa Rosada?. Más ejemplos del impacto de las internas: hace nueve meses que una máquina de impresión, llamada Onset, no imprime nada. Está rota y las autoridades no logran consensuar el mejor modo para iniciar el trabajoso mecanismo que supone comprar un repuesto. El escenario que se vive en el Correo Argentino –el organismo que se ocupará de procesar la información de los comicios de octubre–, es similar al de Casa de Moneda. Si bien su titular es Juan Claudio Tristán, en el directorio tiene cada vez más peso Vanesa Piesciorovski, de La Cámpora, allegada a José Ottavis. Este dirigente era un buen amigo de Boudou pero todo cambió tras el caso Ciccone. Piesciorovski unió fuerzas con otro de los directores del Correo, Carlos Rossi, representante del sindicato Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privado (FOECOP). Esa alianza se concentra en sofisticar el método para desgastar la figura de Tristán.
Los conflictos gremiales son permanentes. El escenario es todavía más complicado porque el organismo está desfinanciado y suele pedirle ayuda económica a la ANSeS. Por orden de Piesciorovski, los fondos que podrían usarse para darle aumento a los trabajadores del ente están trabados en algún laberinto burocrático. Dos años después de asumir como vicepresidente, la buena imagen que Boudou tenía en las encuestas cambió en el sentido contrario. Ya no goza de la simpatía de sus jefes. Los sufre. Y, por ahora, resiste.
http://www.clarin.com/politica/Campora-avanza-ultimas-influencia-Boudou_0_997700329.html
Su titular es Santiago Rodríguez, quien designó a su novia –una ex promotora– y a un joven de 25 años como su segundo. “Lo nombró Máximo”, le dijo De Vido al ministro de Defensa Arturo Puricelli. Los negocios. Otra caja de $ 630 millones
Por Fernando Oz | 17/06/2012 | 04:55
Desembarcó una segunda camada de jóvenes nombrados por Máximo
Los antiguos ingenieros y especialistas de Fabricaciones Militares, acostumbrados a sostener la producción a fuerza de ingenio, ya se muestran hartos de los jóvenes de La Cámpora, que en un año ocuparon los principales cargos de esa compañía estatal a un devorador ritmo de Pac-Man. Con una caja de más de 600 millones de pesos, los integrantes de la agrupación que protege Máximo, el hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, buscan exportar armas a Angola y radares a Ecuador. La primera vez que Santiago Rodríguez palpó un puñado de pólvora fue hace algunos años, cuando intentó desarmar un petardo durante una fiesta navideña. La segunda sucedió no hace mucho, pero en un escenario completamente diferente y estando como interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). El licenciado en economía e integrante emérito del Centro de Estudios Políticos de La Cámpora llegó a ese cargo con 35 años, el 12 de enero del año pasado, noticia que recibió con alegría el Día de Reyes. Cómo piensa Rodríguez vender armas, municiones y radares a Angola es un secreto que pocos conocen. Lo que sí se sabe es que la idea lo entusiasma. Cuando el mes pasado la Presidenta salió en misión comercial al país africano, el director de DGFM fue de los primeros en desembarcar junto con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. “Algunos sectores donde puede haber intercambio son Infraestructura y provisión a las Fuerzas Armadas angoleñas, ya que vino a este país una delegación de Fabricaciones Militares”, anunció Moreno desde Angola. La Presidenta no quiso hablar de armas y sólo se limitó a mencionar “energía nuclear con fines pacíficos, radares y software”. No sería un mal negocio. Según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), los gastos militares en Africa aumentaron un 5,2% durante 2011, principalmente en Argelia, Angola y Nigeria.
“Hablemos de municiones”, comienza a explicar un especialista de la DGFM, antes de sentenciar que “la única manera de exportar municiones es desabasteciendo el mercado interno”. Lo confirma otra fuente, un ex funcionario que dejó Fabricaciones cuando llegó La Cámpora: “Alcanza para el mercado interno. Hay capacidad de abastecer un millón de tiros por mes, y Brasil diez millones”. Un ingeniero que aportó información con la condición de que su nombre no fuera publicado comparó Fabricaciones Militares con “un Ford Falcon con ruedas nuevas”. “En materia tecnológica estamos mal. Nuestras pistolas son de doble acción, y el mercado de hoy pide de una sola acción. No somos competitivos para proveer ni reparar”, agregó. Siguiendo una vieja tradición criolla, reafirmada por el gobierno de Carlos Menem, Rodríguez busca colocar sus productos bélicos en Ecuador. Para la misión ya habló con el embajador argentino en Quito, Alberto Alvarez Tufillo, el mismo que diagramó la estrategia comercial entre el kirchnerismo y el chavismo durante cinco años, y que acompañaba a las reuniones al ex director del Occovi y ex embajador paralelo en Caracas, Claudio Uberti.
El 16 de febrero, mediante una decisión administrativa, la DGFM recibió un oxígeno extra de 50.820.000 pesos. Nada mal para una compañía que genera unos 200 millones de pesos en recursos propios y, según el Presupuesto 2012, tiene prevista una erogación de 628.357.000 pesos. Durante sus 17 meses de gestión, Rodríguez nombró a una treintena de asesores y colocó otros tantos en puestos clave. El tercer cargo más importante en la estructura de la DGFM se lo obsequió a su prometida, Bárbara Grané. La actividad anterior de la ahora coordinadora general, según diferentes sistemas de antecedentes contables, fue “servicios de publicidad”. Un funcionario técnico que ingresó a Fabricaciones cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia y que ahora pide a gritos ser trasladado a otra empresa estatal la pintó así: “Es una chica muy agradable, que hace honor a su nombre”. Parecería que el equipo de Rodríguez recién se completó el 10 de abril último con la firma del Decreto Presidencial 524/2012, en el que se designa a Agustín Poussif como subinterventor. Es un abogado de 25 años oriundo de la ciudad santafesina de Firmat, cuyo único antecedente laboral es haber firmado un par de escritos judiciales como laboralista.
Ese cargo lo ocupaba Rubén Stehling, que había llegado a la DGFM junto con Arturo Puricelli. Pero desde que Puricelli asumió como ministro de Defensa, Stehling quedó bajo la mirada de La Cámpora. Las quejas de los “desmanejos” y las “arbitrariedades” de Rodríguez llegaron a oídos del ministro de Planificación Julio De Vido. “Yo no puedo hacer nada, la designación de Rodríguez la hizo Máximo”, contestó el atado ministro.
http://www.perfil.com/ediciones/2012/6/edicion_686/contenidos/noticia_0062.html
Detrás de la denuncia del piquetero de izquierda Raúl Castells sobre la supuesta distribución de armas hechas desde el poder a grupos kirchneristas, se estarían ocultando otros dos problemas que no forman parte de ningún supuesto. Primero: el fracaso del Plan Nacional de Desarme, que lleva adelante el Registro Nacional de Armas (Renar). Segundo: cómo aquel fracaso, combinado con la penetración de la droga en todo el país, ha potenciado la inseguridad y sus niveles de violencia. Fenómenos que se filtran con demasiada frecuencia en manifestaciones sociales y políticas. Quedó al descubierto con los graves episodios en Junín, luego del crimen de una menor. Se venía manifestando en incontables y muchas veces imprevistas citas callejeras. Aunque había registrado un anticipo durante los saqueos de fin del año pasado. Fogoneados por intereses políticos, por organizaciones mafiosas –como arguyó el Gobierno– o por simple necesidad, los episodios de diciembre del 2012 anticiparon la peligrosa desarticulación y el quiebre de la pirámide social. La de Castells no fue una advertencia solitaria. Su ex esposa, Nina Peloso, confirmó que a muchos de los movimientos sociales que apuntalan al kirchnerismo le llegan armas. Héctor “Toty” Flores, diputado de la Coalición Cívica, resultó más descriptivo: ”Las armas se distribuyen entre los militantes de los barrios más humildes”. Todos ellos le apuntaron al Renar, pero dejaron trasuntar que podrían existir otros canales para dicho abastecimiento. Los disparos contra el Renar han salido también desde otros frentes. La Red Argentina para el Desarme, que nuclea a organizaciones no gubernamentales desde el 2004, pidió a fin de año la renuncia del licenciado Matías Molle, titular de aquel organismo. Adrián Marcenac, el padre de Alfredo, un joven abatido por una bala perdida en el 2006 en plena avenida Cabildo, cuestionó también con severidad l a falta de control oficial sobre tenencia de armas. Algunas estadísticas le estarían dando la razón. El Renar comunicó que con su plan de desarme fueron destruidas en un año más de 100 mil armas. Pero en igual período más de 200 mil fueron habilitadas legalmente para portarlas. O sea, la cantidad de gente que posee armas hoy es mayor que antes de que se pusiera en marcha aquella acción. La Red para el Desarme sospecha que no todas las armas incautadas o entregadas voluntariamente son destruidas. Los dirigentes sociales no kirchneristas agregan precisión: parte de aquella remesa fue recibida, en una oportunidad al menos, por integrantes de la Tupac Amaru que lidera la jujeña Milagro Salas. Tupac Amaru forma parte de “Unidos y Organizados”, un pilar del sistema movimientista que apuntala a Cristina Fernández.
Otro suceso quedó en la nebulosa. En diciembre se denunció el robo de 200 armas en la propia sede del Renar, en una dependencia a la que sólo ingresan algunos funcionarios del organismo o efectivos de la Policía Federal. Nunca más se supo nada sobre esa sustracción. En “Unidos y Organizados” figura como en una marquesina La Cámpora. El licenciado Molle, titular del Renar, pertenece a ese núcleo con raíces muy fuertes. Es oriundo de Mercedes, donde también fue criado –por ausencia de padres desaparecidos– el diputado del FPV Eduardo de Pedro, asiduo interlocutor de la Presidenta. Otro vínculo es con Javier Ustarrioz, el ex candidato a intendente de Mercedes y cabeza de la distribución de ayuda popular que realiza en esa ciudad bonaerense Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social. Molle aterrizó victorioso en el Renar cuando La Cámpora doblegó en una puja interna con Aníbal Fernández. Un hombre suyo (Andrés Meiszner) había sido designado en esa entidad mientras el senador ocupó el Ministerio de Justicia. El avance camporista sobre el Renar fue simultáneo al cerco que esa organización tendió sobre el ahora ministro Julio Alak.
Esa cartera ha sido dominada por La Cámpora con un estilo llamativamente policial: inundaron de cámaras de seguridad el edificio de la calle Sarmiento para controlar –en oficinas y pasillos– a sus empleados. La única fiscalización que existe sobre el Renar es aquel mismo ministerio. No sería una audacia asegurar, entonces, que esa fiscalización resulta inexistente. La oposición en el Congreso logró en el 2010 darle media sanción del Senado a un proyecto para reemplazar al Renar por una remozada agencia nacional de armas. Que iba a tener un seguimiento parlamentario. Ese proyecto durmió en Diputados hasta el año pasado, cuando se lo dejó caer por instrucción precisa de Alak. Esa instrucción habría sido, en realidad, de Cristina o, por lo menos, de La Cámpora. La Red para el Desarme señala también que el Renar maneja una caja con un superávit anual de $ 20 millones, producto de la emisión de licencias y autorizaciones. Esos fondos carecen de algún tipo de auditoría. “El organismo siempre parece más preocupado por esa caja que por el verdadero control de las armas”, apuntó uno de los miembros de la organización no gubernamental. La presunción es que ese dinero se destina al financiamiento de la política. A los gastos de La Cámpora, convertida en ese sentido en un barril sin fondo. El Renar sería, al fin, un pequeño monedero comparado con los millones en dólares de Aerolíneas Argentinas.
http://www.clarin.com/politica/Campora-control-armas-caja_0_881911837.html
PIDEN INFORMES DESDE LA OPOSICIÓN
La DNRPA, siempre codiciada en todos los gobiernos, hoy está siendo controlada por esa agrupación K, de la mano del secretario de Justicia. Desde el FAP, aseguran que el sistema está sospechado de discrecionalidad y corrupción.
Clarin.com Política 17/09/12 Pablo de León
Una caja que siempre fue codiciada por los distintos sectores políticos de cada gobierno nacional, hoy está siendo paulatinamente copada por La Cámpora. Se trata de la DNRPA, la Dirección Nacional del Registros Nacionales del Registro Automotor y Créditos Prendarios. O sea, los registros de de automotor, motovehículos y maquinaria agrícola. Actualmente, esa dependencia es dirigida por Mariana Aballay, militante de La Cámpora, y con dependencia directa de uno de los principales dirigentes de esa agrupación: Julián Álvarez, secretario de Justicia y hombre fuerte del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por eso, desde la oposición aseguran que la Cámpora ordena detener los concursos en marcha y nombra interventores y así, controla la dependencia. Ahora, fue presentado un proyecto desde el FAP donde se plantea transferir las potestades “a los gobiernos provinciales de los registros de automotor, motovehículos y maquinaria agrícola”. En la iniciativa de la diputada nacional Alicia Ciciliani, se propone que la dirección de cada registro quede a cargo de un funcionario del gobierno provincial y que las ganancias queden en el tesoro de la provincia donde está radicada.
Así, los empleados de los registros, actualmente en relación de dependencia con los encargados, pasarían a la órbita del gobierno provincial y a tener sueldos acordes con el resto de la administración. También, Ciciliani firmó un pedido de informes pidiendo al ministerio de Justicia (conducido por Julio Alak) para que explique cuánto dinero ingresó en el último año en concepto de registros y dónde fueron destinadas estas partidas, ya que la información no se encuentra en ningún registro público o privado. Y pregunta cómo se los controla y fiscaliza a los encargados de registro, si existe un cálculo del monto que perciben por los trámites, y con qué criterios se determinan los aumentos en los aranceles. Tanto el proyecto de ley como el pedido de informes pretenden transparentar un sistema que hace tiempo es sospechado de discrecionalidad y corrupción de todo tipo.
Los encargados de registro son nombrados por el ministerio de Justicia de forma discrecional. ¿Cuánto ganan por este registro? Hagamos cuentas : si se vendieron un promedio de 800 mil autos en 2011 -según los datos de los concesionarios y que consta en el proyecto- a un valor promedio por unidad de $100 mil pesos, cada arancel es del 1%, o sea 1000 pesos por auto, resultan $800 millones de pesos por año. Según los cálculos de los asesores de la diputada del Frente Amplio Progresista, de esos 800 millones alrededor del 80% va para los encargados de registro, que son 1570 en todo el país. Pero amerita decir que el manejo discrecional de los registros del automotor ha sido siempre terreno de la codicia en los diferentes gobiernos. La hoy ministra de Seguridad, Nilda Garré, obtuvo el registro número 57 de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, en 1997. Hoy, goza de licencia y su registro está “a cargo” de otra persona, pero el nombre de ella puede percibirse como “profesional de registro automotor”. Marcela Menem, sobrina del ex presidente, tiene la titularidad del registro 61 del territorio porteño. Pero la Corte Suprema rechazó su pedido cuando quiso ejercer también un cargo en el Senado, como asesora de su tío. La familia Bielsa, histórica familia peronista de Rosario, obtuvo el manejo de un registro del automotor en Santa Fe, en 1989 también durante el menemismo. Ahora, la agrupación de Máximo Kirchner encontró la veta para una “militancia por el proyecto” en los generosos registros del automotor.
http://www.clarin.com/politica/Campora-ahora-Registros-Automotor-jugosa_0_775722593.html
2.- La Cámpora se queda con Fabricaciones Militares
Su titular es Santiago Rodríguez, quien designó a su novia –una ex promotora– y a un joven de 25 años como su segundo. “Lo nombró Máximo”, le dijo De Vido al ministro de Defensa Arturo Puricelli. Los negocios. Otra caja de $ 630 millonesPor Fernando Oz | 17/06/2012 | 04:55
Desembarcó una segunda camada de jóvenes nombrados por Máximo
Los antiguos ingenieros y especialistas de Fabricaciones Militares, acostumbrados a sostener la producción a fuerza de ingenio, ya se muestran hartos de los jóvenes de La Cámpora, que en un año ocuparon los principales cargos de esa compañía estatal a un devorador ritmo de Pac-Man. Con una caja de más de 600 millones de pesos, los integrantes de la agrupación que protege Máximo, el hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, buscan exportar armas a Angola y radares a Ecuador. La primera vez que Santiago Rodríguez palpó un puñado de pólvora fue hace algunos años, cuando intentó desarmar un petardo durante una fiesta navideña. La segunda sucedió no hace mucho, pero en un escenario completamente diferente y estando como interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). El licenciado en economía e integrante emérito del Centro de Estudios Políticos de La Cámpora llegó a ese cargo con 35 años, el 12 de enero del año pasado, noticia que recibió con alegría el Día de Reyes. Cómo piensa Rodríguez vender armas, municiones y radares a Angola es un secreto que pocos conocen. Lo que sí se sabe es que la idea lo entusiasma. Cuando el mes pasado la Presidenta salió en misión comercial al país africano, el director de DGFM fue de los primeros en desembarcar junto con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. “Algunos sectores donde puede haber intercambio son Infraestructura y provisión a las Fuerzas Armadas angoleñas, ya que vino a este país una delegación de Fabricaciones Militares”, anunció Moreno desde Angola. La Presidenta no quiso hablar de armas y sólo se limitó a mencionar “energía nuclear con fines pacíficos, radares y software”. No sería un mal negocio. Según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), los gastos militares en Africa aumentaron un 5,2% durante 2011, principalmente en Argelia, Angola y Nigeria.
“Hablemos de municiones”, comienza a explicar un especialista de la DGFM, antes de sentenciar que “la única manera de exportar municiones es desabasteciendo el mercado interno”. Lo confirma otra fuente, un ex funcionario que dejó Fabricaciones cuando llegó La Cámpora: “Alcanza para el mercado interno. Hay capacidad de abastecer un millón de tiros por mes, y Brasil diez millones”. Un ingeniero que aportó información con la condición de que su nombre no fuera publicado comparó Fabricaciones Militares con “un Ford Falcon con ruedas nuevas”. “En materia tecnológica estamos mal. Nuestras pistolas son de doble acción, y el mercado de hoy pide de una sola acción. No somos competitivos para proveer ni reparar”, agregó. Siguiendo una vieja tradición criolla, reafirmada por el gobierno de Carlos Menem, Rodríguez busca colocar sus productos bélicos en Ecuador. Para la misión ya habló con el embajador argentino en Quito, Alberto Alvarez Tufillo, el mismo que diagramó la estrategia comercial entre el kirchnerismo y el chavismo durante cinco años, y que acompañaba a las reuniones al ex director del Occovi y ex embajador paralelo en Caracas, Claudio Uberti.
El 16 de febrero, mediante una decisión administrativa, la DGFM recibió un oxígeno extra de 50.820.000 pesos. Nada mal para una compañía que genera unos 200 millones de pesos en recursos propios y, según el Presupuesto 2012, tiene prevista una erogación de 628.357.000 pesos. Durante sus 17 meses de gestión, Rodríguez nombró a una treintena de asesores y colocó otros tantos en puestos clave. El tercer cargo más importante en la estructura de la DGFM se lo obsequió a su prometida, Bárbara Grané. La actividad anterior de la ahora coordinadora general, según diferentes sistemas de antecedentes contables, fue “servicios de publicidad”. Un funcionario técnico que ingresó a Fabricaciones cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia y que ahora pide a gritos ser trasladado a otra empresa estatal la pintó así: “Es una chica muy agradable, que hace honor a su nombre”. Parecería que el equipo de Rodríguez recién se completó el 10 de abril último con la firma del Decreto Presidencial 524/2012, en el que se designa a Agustín Poussif como subinterventor. Es un abogado de 25 años oriundo de la ciudad santafesina de Firmat, cuyo único antecedente laboral es haber firmado un par de escritos judiciales como laboralista.
Ese cargo lo ocupaba Rubén Stehling, que había llegado a la DGFM junto con Arturo Puricelli. Pero desde que Puricelli asumió como ministro de Defensa, Stehling quedó bajo la mirada de La Cámpora. Las quejas de los “desmanejos” y las “arbitrariedades” de Rodríguez llegaron a oídos del ministro de Planificación Julio De Vido. “Yo no puedo hacer nada, la designación de Rodríguez la hizo Máximo”, contestó el atado ministro.
http://www.perfil.com/ediciones/2012/6/edicion_686/contenidos/noticia_0062.html
3.- La Cámpora, el control de armas y otra caja
Eduardo Van Der KooyDetrás de la denuncia del piquetero de izquierda Raúl Castells sobre la supuesta distribución de armas hechas desde el poder a grupos kirchneristas, se estarían ocultando otros dos problemas que no forman parte de ningún supuesto. Primero: el fracaso del Plan Nacional de Desarme, que lleva adelante el Registro Nacional de Armas (Renar). Segundo: cómo aquel fracaso, combinado con la penetración de la droga en todo el país, ha potenciado la inseguridad y sus niveles de violencia. Fenómenos que se filtran con demasiada frecuencia en manifestaciones sociales y políticas. Quedó al descubierto con los graves episodios en Junín, luego del crimen de una menor. Se venía manifestando en incontables y muchas veces imprevistas citas callejeras. Aunque había registrado un anticipo durante los saqueos de fin del año pasado. Fogoneados por intereses políticos, por organizaciones mafiosas –como arguyó el Gobierno– o por simple necesidad, los episodios de diciembre del 2012 anticiparon la peligrosa desarticulación y el quiebre de la pirámide social. La de Castells no fue una advertencia solitaria. Su ex esposa, Nina Peloso, confirmó que a muchos de los movimientos sociales que apuntalan al kirchnerismo le llegan armas. Héctor “Toty” Flores, diputado de la Coalición Cívica, resultó más descriptivo: ”Las armas se distribuyen entre los militantes de los barrios más humildes”. Todos ellos le apuntaron al Renar, pero dejaron trasuntar que podrían existir otros canales para dicho abastecimiento. Los disparos contra el Renar han salido también desde otros frentes. La Red Argentina para el Desarme, que nuclea a organizaciones no gubernamentales desde el 2004, pidió a fin de año la renuncia del licenciado Matías Molle, titular de aquel organismo. Adrián Marcenac, el padre de Alfredo, un joven abatido por una bala perdida en el 2006 en plena avenida Cabildo, cuestionó también con severidad l a falta de control oficial sobre tenencia de armas. Algunas estadísticas le estarían dando la razón. El Renar comunicó que con su plan de desarme fueron destruidas en un año más de 100 mil armas. Pero en igual período más de 200 mil fueron habilitadas legalmente para portarlas. O sea, la cantidad de gente que posee armas hoy es mayor que antes de que se pusiera en marcha aquella acción. La Red para el Desarme sospecha que no todas las armas incautadas o entregadas voluntariamente son destruidas. Los dirigentes sociales no kirchneristas agregan precisión: parte de aquella remesa fue recibida, en una oportunidad al menos, por integrantes de la Tupac Amaru que lidera la jujeña Milagro Salas. Tupac Amaru forma parte de “Unidos y Organizados”, un pilar del sistema movimientista que apuntala a Cristina Fernández.
Otro suceso quedó en la nebulosa. En diciembre se denunció el robo de 200 armas en la propia sede del Renar, en una dependencia a la que sólo ingresan algunos funcionarios del organismo o efectivos de la Policía Federal. Nunca más se supo nada sobre esa sustracción. En “Unidos y Organizados” figura como en una marquesina La Cámpora. El licenciado Molle, titular del Renar, pertenece a ese núcleo con raíces muy fuertes. Es oriundo de Mercedes, donde también fue criado –por ausencia de padres desaparecidos– el diputado del FPV Eduardo de Pedro, asiduo interlocutor de la Presidenta. Otro vínculo es con Javier Ustarrioz, el ex candidato a intendente de Mercedes y cabeza de la distribución de ayuda popular que realiza en esa ciudad bonaerense Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social. Molle aterrizó victorioso en el Renar cuando La Cámpora doblegó en una puja interna con Aníbal Fernández. Un hombre suyo (Andrés Meiszner) había sido designado en esa entidad mientras el senador ocupó el Ministerio de Justicia. El avance camporista sobre el Renar fue simultáneo al cerco que esa organización tendió sobre el ahora ministro Julio Alak.
Esa cartera ha sido dominada por La Cámpora con un estilo llamativamente policial: inundaron de cámaras de seguridad el edificio de la calle Sarmiento para controlar –en oficinas y pasillos– a sus empleados. La única fiscalización que existe sobre el Renar es aquel mismo ministerio. No sería una audacia asegurar, entonces, que esa fiscalización resulta inexistente. La oposición en el Congreso logró en el 2010 darle media sanción del Senado a un proyecto para reemplazar al Renar por una remozada agencia nacional de armas. Que iba a tener un seguimiento parlamentario. Ese proyecto durmió en Diputados hasta el año pasado, cuando se lo dejó caer por instrucción precisa de Alak. Esa instrucción habría sido, en realidad, de Cristina o, por lo menos, de La Cámpora. La Red para el Desarme señala también que el Renar maneja una caja con un superávit anual de $ 20 millones, producto de la emisión de licencias y autorizaciones. Esos fondos carecen de algún tipo de auditoría. “El organismo siempre parece más preocupado por esa caja que por el verdadero control de las armas”, apuntó uno de los miembros de la organización no gubernamental. La presunción es que ese dinero se destina al financiamiento de la política. A los gastos de La Cámpora, convertida en ese sentido en un barril sin fondo. El Renar sería, al fin, un pequeño monedero comparado con los millones en dólares de Aerolíneas Argentinas.
http://www.clarin.com/politica/Campora-control-armas-caja_0_881911837.html
4.- La Cámpora ahora copa los Registros del Automotor, una jugosa caja
PIDEN INFORMES DESDE LA OPOSICIÓN
La DNRPA, siempre codiciada en todos los gobiernos, hoy está siendo controlada por esa agrupación K, de la mano del secretario de Justicia. Desde el FAP, aseguran que el sistema está sospechado de discrecionalidad y corrupción.
Clarin.com Política 17/09/12 Pablo de León
Una caja que siempre fue codiciada por los distintos sectores políticos de cada gobierno nacional, hoy está siendo paulatinamente copada por La Cámpora. Se trata de la DNRPA, la Dirección Nacional del Registros Nacionales del Registro Automotor y Créditos Prendarios. O sea, los registros de de automotor, motovehículos y maquinaria agrícola. Actualmente, esa dependencia es dirigida por Mariana Aballay, militante de La Cámpora, y con dependencia directa de uno de los principales dirigentes de esa agrupación: Julián Álvarez, secretario de Justicia y hombre fuerte del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por eso, desde la oposición aseguran que la Cámpora ordena detener los concursos en marcha y nombra interventores y así, controla la dependencia. Ahora, fue presentado un proyecto desde el FAP donde se plantea transferir las potestades “a los gobiernos provinciales de los registros de automotor, motovehículos y maquinaria agrícola”. En la iniciativa de la diputada nacional Alicia Ciciliani, se propone que la dirección de cada registro quede a cargo de un funcionario del gobierno provincial y que las ganancias queden en el tesoro de la provincia donde está radicada.
Así, los empleados de los registros, actualmente en relación de dependencia con los encargados, pasarían a la órbita del gobierno provincial y a tener sueldos acordes con el resto de la administración. También, Ciciliani firmó un pedido de informes pidiendo al ministerio de Justicia (conducido por Julio Alak) para que explique cuánto dinero ingresó en el último año en concepto de registros y dónde fueron destinadas estas partidas, ya que la información no se encuentra en ningún registro público o privado. Y pregunta cómo se los controla y fiscaliza a los encargados de registro, si existe un cálculo del monto que perciben por los trámites, y con qué criterios se determinan los aumentos en los aranceles. Tanto el proyecto de ley como el pedido de informes pretenden transparentar un sistema que hace tiempo es sospechado de discrecionalidad y corrupción de todo tipo.
Los encargados de registro son nombrados por el ministerio de Justicia de forma discrecional. ¿Cuánto ganan por este registro? Hagamos cuentas : si se vendieron un promedio de 800 mil autos en 2011 -según los datos de los concesionarios y que consta en el proyecto- a un valor promedio por unidad de $100 mil pesos, cada arancel es del 1%, o sea 1000 pesos por auto, resultan $800 millones de pesos por año. Según los cálculos de los asesores de la diputada del Frente Amplio Progresista, de esos 800 millones alrededor del 80% va para los encargados de registro, que son 1570 en todo el país. Pero amerita decir que el manejo discrecional de los registros del automotor ha sido siempre terreno de la codicia en los diferentes gobiernos. La hoy ministra de Seguridad, Nilda Garré, obtuvo el registro número 57 de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, en 1997. Hoy, goza de licencia y su registro está “a cargo” de otra persona, pero el nombre de ella puede percibirse como “profesional de registro automotor”. Marcela Menem, sobrina del ex presidente, tiene la titularidad del registro 61 del territorio porteño. Pero la Corte Suprema rechazó su pedido cuando quiso ejercer también un cargo en el Senado, como asesora de su tío. La familia Bielsa, histórica familia peronista de Rosario, obtuvo el manejo de un registro del automotor en Santa Fe, en 1989 también durante el menemismo. Ahora, la agrupación de Máximo Kirchner encontró la veta para una “militancia por el proyecto” en los generosos registros del automotor.
http://www.clarin.com/politica/Campora-ahora-Registros-Automotor-jugosa_0_775722593.html
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